Recortes sociales y pérdida de derechos humanos

Según la resolución 11/5 de 2009 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “el ejercicio de los derechos humanos no puede subordinarse a la aplicación de las políticas de ajuste estructural y las reformas económicas emprendidas a causa de la deuda”. El acceso a una vivienda digna, a un empleo decente en condiciones de igualdad, libertad y seguridad, la posibilidad de gozar del máximo nivel de salud, disponer de una educación de calidad y poder disfrutar de la protección social, constituyen derechos humanos respecto de los cuales el Estado español ha asumido compromisos concretos, a través del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), del que es parte. Las obligaciones en materia de derechos humanos persisten y son vigentes también en tiempo de crisis como la actual, tal y como han destacado distintos órganos de Naciones Unidas. Sin embargo algunas medidas tomadas en las últimas semanas ponen en duda el cumplimiento del PIDESC. La reforma sanitaria aprobada en los últimos días y las medidas que ya se han puesto en marcha en algunas comunidades autónomas con anterioridad, están suponiendo la paralización de inversiones, la reducción de personal, equipos y número de camas, el cierre de unidades, plantas y el incrementando de las listas de espera, lo que supone un deterioro de la calidad de nuestra sanidad. De igual forma, el establecimiento del llamado copago, que grava dos veces las prestaciones farmacéuticas, introduce un elemento de discriminación hacia la población más necesitada por su situación económica o por su estado de salud. Además, hay una medida que ha hecho saltar las alarmas para muchas organizaciones que luchan por los derechos de los colectivos más vulnerables como los migrantes sin papeles y las mujeres que sufren violencia de género. Los 150.000 inmigrantes extracomunitarios sin papeles solo tendrán derecho a atención de urgencias, aunque sí se atenderá a las madres gestantes durante y después del embarazo. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género podrán recibir atención de urgencia, pero se limita su acceso a una atención sanitaria que constituye una de las principales vías de detección temprana e identificación de víctimas. Otro de los recortes sociales afecta a la ayuda a la dependencia, que se reduce en 283 millones de euros, aunque la peor noticia es que el calendario de la ley se paraliza. En educación, el recorte se pondrá en marcha a partir del curso 2012-2013 y afectará tanto a la escuela pública como a la privada concertada, en primaria y secundaria. Habrá más niños por profesor y más horas lectivas para los docentes. En la universidad, se subirán las tasas y probablemente se endurecerán los requisitos académicos para tener beca. En cuanto a las tasas judiciales, que ya existían desde 2003, ahora las pagaremos tanto empresas como particulares. A la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa se unirá la social, donde se incluye el derecho laboral, lo que conllevará que si hasta la fecha recurrir un expediente de regulación de empleo era gratis, a partir de ahora habrá que pagarlo. El PIDESC también establece como ámbito de obligación de los derechos humanos, la cooperación internacional, puesto que promueve la protección de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y la defensa de los derechos humanos. En los últimos años España había realizado un gran esfuerzo para alcanzar en el 2012 que el 0,7% de la renta nacional brutal (RNB) fuera destinado a ayuda oficial al desarrollo (AOD), acuerdo firmado además por todos los grupos políticos en el Pacto de Estado contra la pobreza. Sin embargo, desde 2010 los sucesivos recortes realizados por las distintas administraciones públicas nos alejan vertiginosamente de la senda del 0,7% y los cálculos señalan que el presupuesto se situará a niveles anteriores al año 2005, con un escaso 0,23%. Este año, la partida que más recortes sufre en los actuales presupuestos generales del Estado es la de AOD, con algo más del 45%, es decir, 1.631 millones menos respecto a 2011. Todos estos recortes suponen cada vez más pobreza y un extraordinario aumento de las desigualdades