Cada contribuyente aportará 1.314 euros para salvar Bankia... y todavía no hay nadie en la cárcel

Los planes de saneamiento y recapitalización de José Ignacio Goirigolozarri para Bankia suponen una aportación públlca de 19.000 millones de euros adicionales, por lo que superan los 15.000 millones que manejaba el Gobierno. Se trata de la mayor inyección de dinero público para una única entidad y supone un colchón adicional para el cuarto grupo financiero español de cara a los exámenes externos a los que tendrá que someter sus cuentas y balances puestos ya en revisión durante el consejo de administración celebrado en la tarde del viernes. Si se le añaden los casi 4.500 millones emitidos en preferentes, y que ya han sido asumidos por el Estado, cada contribuente español de los 17,84 millones censados tendrá que "poner" 1.314 euros para salvar Bankia. Y lo peor de todo: todavía no se ha enviado a la Fiscalía ningún informe sobre la muy probable existencia de presuntas irregularidades en la creación del mayor "agüjero" de la historia descubierto en una entidad financiera española. Como muestra un botón: un ex director general. Matias Amat, cesado en la etapa de Rodrigo Rato como presidente, se llevó 4,5 millones de euros por jubilación y otros conceptos. ¿Pedirá alguien que la devuelva? Basta comparar esta "gratificación" con lo percibido por Miguel Blesa, el presidente que gobernó a sus anchas durante trece años CajaMadrid, una de las siete cajas de ahorro que conforman Bankia. El compañero de carrera de José María Aznar cesó con 1,5 millones de "claúsula de no concurrencia". Amagó con ir a los Tribunales para demandar "su jubilación", muy superior a la de Amat, su mano derecha en la entidad madrileña. Y todo ello sin hablar de Bancaja, cuyo agüjero patrimonial supera al de Cajamadrid y cuyos directivos, algunos solo recién cesados, como José Luis Olivas, miembro del PP, acumulan a su vez jubilaciones multimillonarias. La millonaria petición de dinero público por parte de Bankia eleva hasta los 23.500 millones de euros la inyección, ya que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya destinó a finales de 2010 otros 4.465 millones de euros en participaciones preferentes, cantidad que ya hubiera sido suficiente para que el Estado se hubiera convertido en el primer accionista del grupo financiero. La cantidad solicitada supera, incluso, la última previsión que Luis de Guindos había barajado el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, ya que apuntó entonces una necesidad de 9.000 millones de euros entre las nuevas provisiones (unos 7.100 millones) y la cobertura del déficit de capital (unos 1.900 millones de euros).