Los antinuclares denuncian que las pruebas de estrés son "un paripé" para calmar a la opinión pública

Medio centenar de personas, representantes de las organizaciones que componen la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear), se concentraron ante la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para denunciar que las pruebas de resistencia a las centrales son "un paripé" para calmar a la opinión pública tras el accidente de Fukusima, y pidieron al Gobierno que sean más estrictos en estos controles para cumplir con los requerimientos del Parlamento y de las Unión Europea.
Así, el coordinador de CEAN y miembro de Tanquem Cofrents, Juan José Sanchis, señaló que "hacer las centrales nucleares más seguras requeriría inversiones millonarias que las empresas no están dispuestas a afrontar" y, por lo tanto, criticó que el CSN sea "cómplice" en estas políticas, "ayudando a que se den un maquillaje para tranquilizar, pero sin que haya un aumento de la seguridad".

Los manifestantes desplegaron sus pancartas contra las centrales nucleares con los siguientes lemas: "Enfriemos al Gobierno nuclear", "Ahora y siempre, nucleares no" o "Ni cementerios, ni centrales nucleares". Además, los portavoces del colectivo pidieron una entrevista con la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, pero recibieron como respuesta una dirección de mail para dirigir allí su petición.

Durante la concentración, denunciaron mediante cánticos la falta de seguridad de las plantas españolas y pidieron al CSN que sean estrictos en el informe que deben enviar antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea. En este sentido, insistieron en que la energía nuclear es insegura, antieconómica, insostenible y prescindible, por lo que pidieron que se establezca un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas, comenzando por las más antiguas e inseguras.

En este punto, pusieron como ejemplo la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que, según explicaron, "es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3 como el regulador exige ahora", un nivel que, sin embargo, ya superó el terremoto de Lorca (con una aceleración de 0,36). Además, recordaron que no se cumplió con el requerimiento de valorar qué pasaría si un avión comercial se estrellase contra una central. Garoña, en este caso, "ni siquiera aguantaría la colisión de una pequeña aeronave", sentenciaron.

Cambio de actitud en el PSOE

Por su parte, la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, valoró el cambio de actitud "sorprendente" del PSOE, que reclamó un cierre de las centrales nucleares a partir de 2013 y hasta 2018. "Cuando más podría haber hecho en este sentido, menos hicieron", criticó Montón, que celebró en cualquier caso este cambio de discurso "porque es la que todas las asociaciones ecologistas piden".

Montón también recordó que todos los informes que deben preparar tanto los dueños de las instalaciones como la propia administración "deberían ser públicos". Sin embargo, los documentos redactados por los propietarios de las centrales "no han salido a la luz", como dictaron los mandatos de la Unión Europea.

El líder de Equo, Juan López de Uralde, también acudió al acto y recordó que, tal y como prometió, "la oposición seguirá en la calle". Por ello, advirtió al gobierno de Rajoy de que vamos a oponernos de cualquier intento de mantener la central de Garoña o de alargamiento de su vida, al entender que se trata de una instalación "obsoleta y peligrosa".

Por último, Uralde se refirió a la Conferencia del Clima de Durban (Sudáfrica). En este punto, afirmó que en esta cita "se salvó el proceso del Convenio del cambio climático, pero no se salvó el clima", ya que, entre otras cosas, "se perdió una década en la lucha contra las emisiones del cambio climático". En cualquier caso, celebró que el proceso siga vivo.

Sin embargo, alertó de la "gravedad" de la decisión de Canadá de abandonar el Protocolo de Kioto porque "es como si un país abandonase la convención internacional sobre derechos humanos", puesto que se trata de "la única herramienta internacional efectiva de lucha" contra el cambio climático. "Hay que condenar la acción del Gobierno de Canadá que se arrodilló contra la industria sucia", sentenció.