Un grupo independiente de expertos creado por iniciativa del Parlamento japonés ha elaborado un informe sobre el grave accidente nuclear de Fukushima cuyas conclusiones son demoledoras para el Gobierno, las instituciones reguladoras y la compañía eléctrica Tepco, sobre quienes recae la responsabilidad de una catástrofe cuyo alcance aun está por determinar. A juicio de estos expertos, el siniestro no se puede atribuir a causas naturales, en este caso al tsunami que asoló la costa japonesa en marzo del año pasado, sino que se trató, literalmente, de un «desastre hecho por el hombre» que podría haberse evitado. Un auténtico varapalo para las autoridades niponas, pero también para aquellos sectores que defienden la energía nuclear incluso después de calamidades como esta. Porque el gran error es seguir apostando por una energía que ni es limpia, ya que los residuos radiactivos permanecen inalterables durante cientos de años, ni es barata -¿quién paga los seguros de las centrales?- ni es segura. Fukushima, como Harrisburg y Chernóbil, es un ejemplo de las consecuencias que puede acarrear en el medio ambiente y, sobre todo, en la salud humana un accidente nuclear. Lógicamente, el número de siniestros de estas características es mínimo, pero con que ocurra uno es suficiente para hipotecar el futuro de millones de personas. Y aunque el lobby atómico sostenga lo contrario, garantizar la seguridad al 100% es imposible, aun en un país tan avanzado como Japón. Pocos días antes de que se conocieran estas conclusiones, el Gobierno español decidió prorrogar el funcionamiento de la central de Garoña, similar a la de Fukushima, hasta 2019. Una decisión a la que se puede aplicar otra de las conclusiones del informe, la que sostiene que el Ejecutivo «no está totalmente comprometido con la protección de la salud pública». En este caso, no hay gran diferencia entre Madrid y Tokio. Insisten en el error, y ponen en riesgo nuestro futuro.
viernes, 6 de julio de 2012
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