Eguzki, ante la desarticulación de un grupo en Araba y Bizkaia dedicado a la exportación ilegal de residuos peligrosos.

Eguzki, ante la realidad descubierta con tal operación policial, reclama a las Administraciones competentes la gestión de control y tratamiento de los residuos conforme a los objetivos de las políticas acordes con el escenario de cambio climático y Economía Circular, entendida, como gestión de residuos industriales en origen y tendiente a residuos Cero. La Guardia Civil y la Subdirección General de Economía Circular del MITERD, ha desarticulado varios grupos dedicados a la explotación ilegal de residuos peligrosos. Esta operación, desarrollada en Araba y Bizkaia, (y además en las provincias de Salamanca, Valencia y Madrid) ha centrado el objetivo en varias empresas que, de manera sistemática, recolectaban y enviaban residuos peligrosos a países en los que el tratamiento, bien por la falta de medidas de protección ambiental, o bien por la mano de obra barata, generaba muchos más beneficios. En la información difundida se expone la actuación ilegal, basada en el beneficio económico, estimado en unos 17.000 millones de euros anualmente, que consistía en extraer la parte útil de estos motores, o los materiales reciclables, y desechar el resto sin ningún tipo de gestión de reciclaje. La peligrosidad de este tipo de residuos se resume en que, con el vertido de los líquidos contenidos en estos motores, se puede provocar una degradación de los suelos, y la contaminación de los acuíferos de la zona. La Directiva 2008/98/CE sobre los residuos establece un marco jurídico para el tratamiento de los residuos en la Unión Europea (UE), concebido para proteger el medio ambiente y la salud humana enfatizando la importancia de utilizar unas técnicas adecuadas de gestión, recuperación y reciclado de residuos para reducir la presión sobre los recursos y mejorar su uso. Dicha Directiva establece una jerarquía de residuos (prevención, reutilización, reciclado, valorización para otros fines, como la energía, y eliminación) confirmando el ««principio de quien contamina paga»» según el cual el productor original de los residuos debe pagar los costes de la gestión de dichos residuos. .Eguzki ante dicha operación, denuncia la falta de control que ha venido permitiendo que estas empresas actúen hasta la fecha, exige a las administraciones competentes en la gestión de restudios (Gobierno Vasco y Ayuntamientos) el cierre y revocación de permisos o autorizaciones de las empresas implicadas y el inicio de los mecanismos necesarios para la correcta gestión de control y tratamiento de los residuos conforme a los objetivos de las políticas acordes con el escenario de cambio climático y Economía Circular, entendida, como gestión de residuos industriales en origen y tendiente a residuos Cero.