lunes, 1 de octubre de 2012

Industria tiene la voluntad de revocar el cierre de Garoña en 2013

Soria ha recordado que el anterior gobierno (PSOE) decidió que la actividad de la central no fuera hasta 2019, sino hasta 2013, y que lo hizo mediante una orden ministerial que él quiere modificar de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, "que debe determinar si está en las condiciones para continuar o no". A su juicio, España no puede infrautilizar esos cinco años de producción de energía de la central de Garoña, sino que debe aprovechar mejor el conjunto de los recursos energéticos de los que dispone. José Manuel Soria ha apuntado que es verdad que de los ocho reactores nucleares que hay en España el de Garoña no es uno de los de gran producción, ya que la potencia total instalada en España es de unos 100.000 megavatios y Garoña produce unos 400, aunque insistió en que tiene un potencial de seguir produciendo energía "limpia y barata" hasta el año 2019. El ministro ha asegurado que tiene el mandato del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "arreglar el problema serio" que, a través de la energía, tiene la "competitividad" en España. "La economía española tiene problemas de competitividad por muy distintas razones, y la energía y los costes energéticos son unas de ellas, fundamentalmente si medimos esa competitividad en relación a aquellas economías europeas con las cuales competimos directamente, como es el caso de Francia, que tiene unos costes energéticos muy distintos y más bajos a los de la economía española" , ha destacado. En esa línea ha señalado que el modelo energético en España debe ser uno en que el coste energético no siga siendo una restricción a la hora de producir y de competir con aquellas energías que producen bienes y servicios similares. Soria ha comentado que trabaja en la reforma del modelo energético para "garantizar el suministro, la seguridad y la eficiencia, entendiendo por tal que el conjunto de energías llegue al consumidor final, sean familias o industrias, en las mejores condiciones posibles de precio". "Tenemos un problema de partida que es el déficit de tarifa acumulado a lo largo de los últimos siete años, que están generando unos 3.000 millones de euros adicionales de déficit cada año, que en la actualidad, con el déficit de 2011, está sobre los 24.000 millones de euros y que, si no hacemos nada, de aquí a seis años pudiera estar en el doble", ha reconocido. Para Soria, lo primero que tiene que hacer el nuevo Gobierno es "taponar la fuente de creación de ese déficit energético, pero también, en paralelo, hay que modificar ese modelo para que ese déficit de tarifa no se siga produciendo". Soria ha adelantado que el Gobierno de la nación colaborará a la hora de aligerar trámites de burocracia e impedimentos para solventar cuestiones energéticas que están pendientes. El ministro ha insistido en que la energía nuclear es una de las fuentes que forman parte de la combinación de distintas energías de España y que el PP "no está ni ha planteado en ningún momento el acabar con la moratoria de la energía nuclear". - El CSN estudiará la continuidad de Garoña en el caso de que se revoque la orden de cierre y el Gobierno lo reclame El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudiará la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en el caso de que se revoque la orden de cierre y el nuevo Gobierno se lo reclame, según fuentes del regulador atómico. En cualquier caso, estas fuentes han afirmado que, para ellos, "la situación está como estaba" ya que, de hecho, el pasado verano se le solicitó a la central que preparase el Plan de cese de explotación y desmantelamiento de cara a 2013. Las mismas fuentes han señalado que en el caso de que el Gobierno decida que Garoña va a seguir funcionando hasta 2019, lo normal sería que utilizaran los canales oficiales, como la solicitud al CSN para que emita un informe preceptivo. En este sentido, han asegurado que trabajarán en este informe si el Ministerio de Industria se lo reclama. Desde el CSN han recordado que el Gobierno debe revocar en primer lugar parte del Real Decreto, que es por el que se estableció el cierre y, posteriormente, en el caso de que llegue una solicitud oficial, en el Consejo se estudiará el caso.

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