Más anuncios de ilegalidad: anuncian un pacto gobierno Nuclenor para prorrogar Garoña

Más anuncios de ilegalidad: anuncian un pacto gobierno Nuclenor para prorrogar Garoña. cuando ya se había pasado el pataleo, discurso pronuclear y un medio digital de gran difusión El confidencial, con marcado caracter liberal y pro nuclear ofrece una versión de pelicula, chantajista e ilegal, en manos de una cuadrilla de genocidas del sentido común, la justicia, las normas que ellos mismos han aprobado y de las vidas de miles y miles de personas. Vergonzoso.
El artículo literal dice así (no porque estemos de acuerdo, sino porque respetamos la fuente para las mentes y capacidad crítica de quienes leen este blog El Ministerio de Industria ha llegado a un principio de acuerdo con Endesa e Iberdrola para que Nuclenor reactive el procedimiento administrativo y solicite, por fin, una prórroga de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el año 2019. La recuperación de esta instalación es clave para la reputación del Gobierno, que se comprometió en su programa electoral a defender la energía nuclear dentro del mix de producción eléctrica en España.

Nuclenor, la sociedad encargada de la explotación de la central nuclear, en la que participan al 50% las dos grandes compañías del sector, deberá ahora volver sobre sus pasos para evitar la desaparición de Garoña, que está oficialmente anunciada para el próximo mes de julio. Los responsables de la central nuclear no han comunicado todavía de manera oficial el cierre, pero dejaron pasar en septiembre el plazo legal para solicitar la prórroga y desde entonces han venido cumplimentando todos los trámites burocráticos orientados al desmantelamiento de las instalaciones, siguiendo los protocolos establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).



La decisión adoptada inicialmente por Endesa e Iberdrola en contra de la supervivencia de Garoña fue interpretada como un desaire a la planificación energética del Ministerio de Industria después de que el titular del departamento, José Manuel Soria, hiciera efectivo el célebre “impuestazo” a la generación de electricidad. La reforma energética, en su última fase de tramitación parlamentaria, ha supuesto un “golpe bajo” para todo el sector que las grandes compañías han acusado de manera especial, según reconocen los propios afectados.



Ni Endesa ni Iberdrola esperaban que el Gobierno del PP desafiara el marco de relaciones que tradicionalmente han venido manteniendo las eléctricas con las distintas instituciones reguladores. La posibilidad de extender la explotación de Garoña fue interpretada como una medida compensatoria destinada a apaciguar los ánimos soliviantados dentro del mercado eléctrico. De ahí la reacción en caliente de Nuclenor rechazando lo que se consideraba como un “regalo envenenado” del Ministerio de Industria, y condenando a esta central nuclear de 466 megavatios a un cierre que finalmente no se llevará a cabo.



Tanto el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, como su colega de Endesa, Borja Prado, han comprendido que la capacidad de influencia ante el Ministerio de Industria puede ser mucho más efectiva a partir de una estrategia de apaciguamiento que, además, servirá para evitar un mal precedente en detrimento de las propias generadoras. No se olvide que el cierre de Garoña es un estigma contra la energía nuclear que otorga un triunfo a todos los grupos ecologistas y demás interesados en poner coto a una tecnología básica para la producción de electricidad.



Los dos grandes paladines de la industria del kilovatio han decidido que no es momento para dispararse un tiro en el pie y han aceptado reabrir las negociaciones para recuperar la causa de Garoña y, de paso, romper el hielo con el Ministerio de Industria. El pacto con el Gobierno obliga ahora a buscar una solución jurídica para revocar la orden de cierre que pesa sobre la central nuclear. Nuclenor ha barajado la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo que paralizase el proceso como medida cautelar, pero esta opción tropieza también con los plazos legales y podría dar lugar a un eventual pleito de mayor alcance con los grupos que se oponen al desarrollo de la energía nuclear.



Otra alternativa pasa por ajustar la vida útil de Garoña descontando las paradas técnicas durante las cuales la instalación ha estado fuera de actividad. De esta forma, los plazos para la solicitud de la prórroga estarían todavía vigentes y la empresa operadora podría rectificar su estrategia disponiendo de tiempo de sobra con una segunda oportunidad para ampliar el permiso de explotación hasta finales de la actual década.



En cualquier caso, la hoja de ruta que acuerden los expertos jurídicos no debe ser impedimento para que Endesa e Iberdrola acepten la mano tendida que les ofrece ahora el ministro Soria. Ambos dueños de Garoña confían en asegurar también una tasa de rentabilidad que haga viable el replanteamiento de su decisión. El “dulce” que esperan degustar las dos grandes eléctricas vendría dado por un recorte del impuesto anunciado sobre la producción de los residuos radioactivos, que forma parte de la reforma energética diseñada “al alimón” por los Ministerios de Industria y, sobre todo, de Hacienda