El Ararteko insta a decretar una moratoria en los proyectos de extracción de gas mediante el 'fracking'

Reclama un debate "social, transparente y abierto" sobre un sistema que implica "importantes riegos para la salud de las personas". El Ararteko, Iñigo Lamarca, ha hecho pública una resolución sobre la extracción de gas mediante la técnica conocida como fracturación hidráulica o 'fracking' en la que reclama al Gobierno vasco la puesta en marcha de un debate "social, transparente y abierto" sobre la estrategia energética en Euskadi. Asimismo, recomienda una moratoria en la ejecución de los proyectos hasta que las instituciones competentes en el Estado realicen una valoración "económica, social y ambiental" de los riesgos. En un comunicado, el Defensor del Pueblo vasco ha explicado que la resolución responde a la queja presentada por la plataforma 'Fracking Ez Araba' contra las previsiones de exploración y posterior extracción de gas no convencional en suelo alavés, donde se han descubierto pozos de este tipo de combustible. El gas no convencional tiene la misma composición que el corriente, pero se encuentra adherido a la roca subterránea, lo que requiere un procedimiento de extracción distinto al habitual. La técnica del 'fracking' consiste en introducir a alta presión en la roca grandes cantidades de agua, acompañada de arena y algunos elementos químicos, para abrir fracturas en la piedra y conseguir que fluya el gas. En su resolución, el Ararteko señala que la fracturación hidráulica es un sistema que implica "importantes impactos y riegos para el medio ambiente" y, en su caso, "para la salud de las personas". Dichos impactos "son superiores al sistema de extracción de gas convencional y, en especial, destacan los efectos sinérgicos y acumulativos que implica la alta densidad de pozos de extracción que esta técnica requiere". Por ello, considera que los poderes públicos competentes en el Estado "deberían hacer una valoración económica, social y ambiental de la decisión estratégica de obtener este recurso natural de los yacimientos no convencionales". En este sentido, ha estimado "recomendable" la aprobación de una "moratoria" en la ejecución de esos proyectos, tanto en su fase de exploración como de explotación, hasta concluir dicho proceso. En el contexto de Euskadi, el Defensor del Pueblo ha apuntado que las instituciones vascas, "en especial el Gobierno vasco", deben "aprovechar" las previsiones y objetivos incluidos en la estrategia energética de Euskadi para "incorporar una reflexión sobre el impacto ambiental de la exploración y explotación de los yacimientos de gas natural en el País Vasco". En opinión del Ararteko, el procedimiento seguido por el Ejecutivo para la tramitación de la evaluación ambiental de la estrategia energética de Euskadi 2020 "adolece de una serie de defectos importantes". En esta línea, ha considerado necesaria una "adecuada" revisión de la Estrategia Energética de Euskadi 2020, conforme a diversos criterios. DEBATE "TRANSPARENTE Y ABIERTO" A este respecto, ha afirmado que la extracción de gas no convencional "requiere un debate social, transparente y abierto" sobre la estrategia energética en Euskadi y sobre las políticas públicas dirigidas a la exploración y explotación de yacimientos en la cornisa cantábrica. Para ello, ha instado al Ejecutivo vasco a promover la creación de una mesa sobre el gas no convencional en la que participen agentes sociales y asociaciones ciudadanas, "en especial, las organizaciones constituidas ante las previsiones extracción del gas no convencional". Una vez tomada una decisión estratégica, y "en el caso que resultase admisible desde criterios de sostenibilidad este sistema de exploración y extracción", el Ararteko estima que las administraciones vascas y el resto de agentes "deberían establecer una regulación técnica y medio ambiental para la extracción de este gas no convencional que desarrolle las bases fijadas, en su caso, por la legislación estatal". Además, ha apuntado que esa regulación vasca sobre fracturación hidráulica "debería tener en cuenta y tratar de excluir las zonas especialmente sensibles" mediante una "correcta" ordenación y planificación territorial de las zonas en las que resulte posible autorizar estas instalaciones.