El argumento de la rentabilidad para el cierre de la central, que fue desconectada el pasado domingo, queda en entredicho

El impuesto sobre el combustible gastado que se debatirá mañana en el Congreso supondría una carga mucho menor para Garoña de lo que se ha declarado oficialmente. El argumento de la rentabilidad para el cierre de la central, que fue desconectada el pasado domingo, queda en entredicho y cobra más peso el del chantaje sobre argumentos de despiste por no hablar del peligro de una central nuclear como Garoña El nuevo impuesto sobre el combustible gastado asciende a 2190 euros por kilo. La empresa propietaria, Nuclenor, expuso un cálculo anual de 150 millones. Siempre según esta empresa, este gasto junto con las inversiones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ascienden a entre 120 y 150 millones, bastaría para convertir en no rentable la explotación de la central. Sin embargo, los costes reales del impuesto para Garoña serían menos de la sexta parte, según las cuentas de Ecologistas en Acción. Cada dos años se sacan 112 elementos combustibles del núcleo de Garoña -que tiene un total de 400 elementos combustibles, con un peso de 78,3 toneladas de uranio-. Esto supone un consumo de 10,9 toneladas de uranio al año, que si se multiplica por 2190 €/kg da la cifra de 24,0024 millones de euros. Una cantidad considerablemente más baja de lo que Nuclenor muestra públicamente. En un año normal de funcionamiento, esto supone un sobrecoste de unos 0,64 céntimos de euro por kWh, que difícilmente afectaría a la rentabilidad de esta central nuclear. El coste total de 150 millones correspondería más bien al vaciado de todo el núcleo del reactor, que se produce en la parada definitiva de la central. Los verdaderos motivos para la parada de Garoña obedecen a una estrategia política por un lado y a la inseguridad técnica por otro. Parece evidente que Nuclenor tiene el temor fundado de que se produzca una posible avería que dé lugar a una larga parada para reparaciones en la central, lo que sí que imposibilitaría la amortización de la planta. Ante este riesgo cierto, al sector nuclear le resulta más conveniente sacrificar Garoña para presionar al gobierno e intentar liberar al resto de las centrales de este nuevo impuesto.