Nuclenor ha pedido la prórroga de Garoña

A punto de finalizar el plazo para presentar la solicitud correspondiente, el Gobierno español informó anoche de que las empresas propietarias de Nuclenor (Iberdrola y Endesa) han formalizado su intención de prorrogar la vida de la central de Garoña. La empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor -participada al 50% entre Endesa e Iberdrola--, ha solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la renovación del permiso de explotación de la instalación atómica por un periodo no superior a seis años, es decir, hasta el año 2019. La agencia Efe indicó anoche que así lo había confirmado el titular de Industria, José Manuel Soria, en la primera comparecencia en el Congreso que ha concedido después del verano a preguntas de varios grupos parlamentarios, dado que ayer finalizaba el plazo para que la empresa propietaria solicitara a dicho departamento ministerial su deseo por ampliar la explotación de la planta nuclear. «El Gobierno, siempre que lo plantee una empresa, va a tramitar esa solicitud, tal y como lo ha hecho en el caso concreto de Garoña, pero no tiene interés ni a favor ni en contra de la energía nuclear. Tiene interés en que haya un mix energético lo más equilibrado posible», recalcó el ministro. Decisión del CSN Soria también explicó que, para que una central nuclear pueda extender su explotación, primeramente debe solicitarlo la empresa que explota ese reactor, para que después, quien puede decidir si procede o no su explotación de acuerdo con las condiciones de seguridad, sea el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). «No tenemos ningún prejuicio ideológico», reiteró el ministro al ser preguntado por el evidente impulso que ha dado el Gobierno de Mariano Rajoy a este asunto. Al mismo tiempo, destacó que el Ministerio de Industria, aconsejado por el CSN en un informe, ha desestimado la petición de Nuclenor de ampliar dos meses más el plazo para poder solicitar la prórroga. «Hemos llamado a la empresa para decirle que no le podemos prorrogar dos meses para decidirse, y no le ha gustado. Debemos seguir literalmente lo que diga el CSN. No lo hemos autorizado porque hay un informe en contra de esa pretensión por parte del CSN», apostilló. Frente a la decisión del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero de fijar la fecha del 6 de julio de 2013 para el cese de la actividad de la central de Garoña con ciertas condiciones, el pasado 3 de julio el Ejecutivo del PP, a través del Ministerio de Industria, revocó dicha orden y autorizó su explotación hasta esa fecha. Para justificar su posición, el nuevo Gobierno español apuntó siete razones: la Ley de Economía Sostenible; el nivel de dependencia energética que tiene el Estado español del exterior; la estabilidad de la red eléctrica; el déficit acumulado del sector eléctrico y la necesidad de evitar que se trasladen los costes al consumidor; el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC); la participación de las centrales en la financiación del combustible nuclear solo cuando están en funcionamiento; y el impacto de la renovación en la actividad económica, empleo y recaudación impositiva de la zona. Con aquella decisión, el Ejecutivo suspendió igualmente la obligación del CSN de presentar un plan de desmantelamiento de la instalación antes del 6 de julio de 2013 y eliminó la prohibición de realizar modificaciones que impidan o desarrollen el cese definitivo. Establecía, además, que con anterioridad al 6 de setiembre de 2012, el titular de la central podía solicitar del Ministerio de Industria una renovación de la autorización de explotación por un nuevo periodo no superior a seis años, es decir, hasta 2019. La orden del cierre de Garoña fue dictada por el Gobierno de Zapatero el 3 de julio de 2009, tras haber solicitado Nuclenor una renovación de la explotación hasta 2019. Previamente, el CSN había emitido un informe favorable a la renovación por diez años, aunque incluía la necesidad de acometer una serie de obras para mejorar su seguridad y recogían las directrices tomadas por la UE tras el accidente de Fukushima.