Eguzki, reclama una investigación sobre la falta de sanciones respecto a las denuncias de los guardas forestales en Álava.

Esta semana hemos sabido que tras la denuncia de un guarda forestal de la Diputación Foral de Álava, la fiscalía investiga si se reducen o archivan «de forma sistemática» las sanciones a cazadores. Ante estos hechos y datos que se han difundido, el colectivo ecologista Eguzki quiere manifestar lo siguiente:
Entre 2014 y 2016 los guardas han presentado 120 denuncias. De ellas 29, un 24%, han caducado por la “insuficiencia de medios y el exceso de trabajo”.
De esas 120 denuncias en los tres últimos años, tan solo han finalizado 81 expedientes (un 67,5%) y de ellos, más de la mitad (48, es decir un 40% de las 120), han sido sobreseídos. Y haciendo números del total faltarían datos de otras 11 (9,1) pero ni caducan ni finalizan; quizás todavía se encuentran en tramitación, o al menos es una duda y deseo.
Los datos y porcentajes expuestos, a juicio de Eguzki son para estudiar e investigarse tanto en el ámbito administrativo como judicial. No cabe lamentos, quejas ni echar balones fuera, ni acusar al mensajero, los guardas forales, los cuales cumplen con su misión de denuncia, y con un coste personal y profesional, recibe poco apoyo y presiones de todo tipo.
Resulta lógico que la Diputación Foral de Álava no reconozca una actuación constante de prevaricación para amparar hechos denunciados por los guardas forestales. Pero la denuncia con hasta 30 ejemplos de expedientes sancionadores sobreseídos a cazadores furtivos, y la posterior investigación de la fiscalía, junto con los datos de una cantidad alarmante de expedientes caducados o sobreseídos, genera sospecha de mal funcionamiento de la tramitación del procedimiento sancionador. Durante años se ha venido dando una actuación infractora que no ha resultado eficaz, por error, omisión, incapacidad o voluntad de que las denuncias no supongan la consiguiente sanción. Estas alternativas deben estudiarse y aclararse, en todos los ámbitos, y además deben tomarse medidas para que no vuelva a suceder dicha situación de impunidad.
Para Eguzki esta denuncia formulada por autoridad en la vigilancia y cuidado de nuestro territorio, ámbito regulado mediante Ley 27/83 y Norma Foral 8/2004, podría suponer el amparo, chulería y actuación al margen de la legalidad por cazadores furtivos, por lo que tienen que contar con apoyo, respaldo político y social, y medios para respetar su labor y dignidad.
Esta situación es muy grave, y debe ser investigada a fondo, por lo que Eguzki anima al Ministerio Fiscal y los jueces para que procedan a recabar hechos, pruebas y elementos que evite la impunidad existente en este tipo de acciones y, por ello, exigimos el compromiso real de las instituciones competentes en la materia, así como a la Diputación foral de Álava para aplicar todos los medios disponibles a su alcance para cumplir y hacer cumplir la protección de los recursos naturales y ordenación de la caza.