El “independiente” Consejo de Seguridad Nuclear

Toni Roderik D16. Dicen -está legislado- que “el Consejo de seguridad nuclear (CSN) es la institución española independiente de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente”.

En la actualidad, el CSN es un organismo colegiado formado por un presidente, un vicepresidente y tres consejeros, cuya permanencia está limitada a un máximo de dos mandatos de seis años cada uno. Antes de su elección, todos ellos deben pasar un trámite de aceptación ante la comisión competente del Congreso de los Diputados.

Sus funciones son eminentemente técnicas: entre otras, las de emitir informes para la autorización de las instalaciones, inspeccionar y controlar el funcionamiento de las instalaciones, proponer correcciones y sanciones, proponer reglamentación y editar normativa técnica, conceder licencias de operación en instalaciones radioactivas y nucleares en sus diversas especialidades, controlar la protección radiológica de los trabajadores y del público en general…


Veamos pues quienes son estos cinco personajes “independientes” que han acabado, después de sesudos informes técnicos, avalando la reapertura de la Central Nuclear de Garoña, cerrada después de haber cumplido su edad hábil de 40 años de funcionamiento, para continuar durante 20 años más sin tener en cuenta que Garoña es una central hermana de Fukushima.

El presidente “independiente” es Fernando Martí Scharfhausen, a propuesta del PP, que trabajó en Inisel y Gyconsa (hoy Indra) y Repsol. No nos extraña que haya votado a favor de la reapertura de Garoña ya que fue propuesto como Secretario de Estado de Energía por José Manuel Soria, el ministro del Impuesto al sol. Así mismo, firmó la orden ministerial por la que el Estado “establece el procedimiento de subasta para la adquisición de gas natural destinado al nivel mínimo de llenado” del Proyecto Castor. Esto significa que el erario público y los contribuyentes pagarán el gas inicial que la planta de la empresa ACS-ESCAL-UGS necesita. Manifestó, sin ruborizarse, que “para el CSN es fundamental el rigor técnico” que, seguramente, tienen el resto de miembros del CSN como ahora veremos.

La vicepresidenta “independiente” que también ha votado por la apertura de Garoña, junto con los tres miembros propuestos por el PP, es Rosario Velasco García, pediatra de profesión. Desde 1999, se dedica a la política. Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Ponferrada (León), diputada en las Cortes de Castilla y León y diputada en las Cortes por el PSOE (2004-2008). Desde el 2011, es miembro del CSN -no sabemos si por “enchufe” de su paisano Zapatero– y con “grandes conocimientos técnicos sobre energía nuclear” como todos ustedes pueden imaginar.

El primer consejero “independiente” es Fernando Castelló Boronat. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ejecutivo del sector financiero y seguros, ramas de la ciencia muy vinculadas a la Seguridad Nuclear y a sus peligros como todos sabemos. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Castellón, diputado y portavoz del PP en las Cortes Valencianas con Eduardo Zaplana y consejero de la Generalitat Valenciana. Luego fue secretario de Estado de la Seguridad Social y diputado por el PP en el Congreso. Se dice de él que “es el hombre que siempre cae de pie”.

La segunda consejera “independiente”, Cristina Narbona Ruiz, la única que votó en contra de la apertura de Garoña, Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Roma y profesora universitaria de Economía Internacional. Ha sido secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1994-1996), ministra de Medio Ambiente (2004-2008), embajadora de España ante la OCDE (2008-2011), diputada del PSOE en cuatro legislaturas y concejal del Ayuntamiento de Madrid. Considera “impúdico” que el CSN haga suya una propuesta de la patronal UNESA para desvincular las revisiones cada 10 años de las licencias de explotación. Pero en cambio siendo ministra de Medio Ambiente aprobó una resolución ministerial del secretario general de su departamento, Arturo Gonzalo Aizpiri, respecto al Proyecto Castor, en la que dice que tras haber estudiado “las medidas protectoras y correctoras indicadas por el promotor y las condiciones que se establecen en la presente resolución, no se deduce la posible existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Es consejera del CSN desde el 2012 y su cargo expira en el 2024. No sabemos si continuará aguantando esas “impudicias” hasta la expiración de su mandato.

El último consejero “independiente”, Javier Dies Llovera, que ha votado a favor de la reapertura de Garoña, es Ingeniero Industrial. Pronuclear, ha sido Vicepresidente de la European Nuclear Education Network (ENEN) desde el año 2013. Ha colaborado en 12 misiones de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Rechazado en las Cortes como consejero del CSN, fue nombrado en el 2015 por designación directa del PP. Manifestó, públicamente, la necesidad de construir 10 reactores nucleares más en España y restó importancia al accidente de Fukushima afirmando que la situación se controlaría en unos pocos días. Un visionario… y un ¡crack!

Vista, pues, la independencia y las capacidades técnicas de los cinco miembros del CSN, no podemos más que quedarnos más tranquilos sobre la decisión tomada. Mucho más si escuchamos a esa otra filigrana de la política que es el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, que pretende justificar la reapertura de la central nuclear con el peregrino argumento de que se crearían unos 500 empleos directos y unos 1.000 indirectos. No nos explica que desmantelar las centrales nucleares y una política decidida de desarrollo de las energías renovables generaría 100.000 puestos de trabajo y el sector renovable crearía 200.000 más, se aumentaría el PIB español, se mejoraría la calidad del aire y la seguridad pública, así como la democratización de la producción energética.