FRENTE A LA GUERRA SOTERRADA CONTRA EL CONJUNTO DE LA POBLACION DE EUSKAL HERRIA, SE IMPONE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA PRESION SOCIAL SOBRE LA VIVIENDA VACIA.

comuncadoi de Elkartzen. La situación que están viviendo cada vez más sectores de la sociedad y cada vez en más aspectos vitales es realmente grave. Y la semana pasada vivimos, una vez más, la consecuencia más atroz de esta situación: el suicidio. José Antonio Diéguez García, de 50 años, salto de su balcón al llegar la comisión judicial que iba a proceder al desahucio. Al no ver una salida a la situación límite que estaba padeciendo, se suicidó, al igual que Amaia, Iñaki y Manuel. La cruda realidad de los desahucios que nos golpea diariamente se ha llevado por delante a 4 personas en nuestro pueblo Y aunque el problema de los desahucios es realmente grave, queremos subrayar la importancia de verlo como un problema global: la vivienda es un derecho que no se respeta. Es más, la vivienda se ha convertido en un factor muy importante de exclusión y precarización social. El derecho a una vivienda es una mera formalidad que ha llevado a colectivos necesitados de ella a endeudarse masivamente, por encima de sus capacidades económicas, debido a la dejación del sector público. Y los políticos y bancos responsables de esta situación, en vez de ayudar a los sectores populares, han traspasado, los primeros, ingentes cantidades de dinero público para el “rescate” de los segundos. José Antonio vivía de alquiler. Tenía una deuda de 5.000 euros al no haber pagado el alquiler de unos meses. Se ha dicho que había que cambiar la ley Hipotecaria. Y, ¿por qué no la Ley de Arrendamiento Urbano que posibilita el desahucio de las personas que viven de alquiler? ¿Por qué no la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite a la banca hacerse con las viviendas de los sectores más castigados por la crisis? Si queremos afrontar el problema de la vivienda, así como en otros aspectos, debemos superar la contradicción propiedad privada – derechos sociales que tanto daño está haciendo. Los derechos sociales deben estar por encima de la propiedad privada. Y en ese camino, aunque somos conscientes de que sin una solución integral que abarque el problema en su conjunto no será más que un parche, tenemos claro que los desahucios necesitan una solución inmediata. En ese sentido, además de exigir a los gobiernos de Lakua e Iruña que impongan la suspensión de todos los desahucios relacionados con impagos por causas objetivas, exigimos a los ayuntamientos que aseguren la asistencia legal y ayuda a las personas afectadas. La institución más cercana a la población no puede colaborar en este despropósito que supone desalojar a las personas de su lugar de residencia. Además, deben crear comisiones locales especiales, con participación popular para afrontar el problema desde el ámbito más cercano. Pero como ya hemos mencionado el problema es colectivo y global, y por ello necesita una salida estructural. Para poner el problema en vías de solución, llevamos años trabajando en torno las siguientes ideas: - Poner freno al urbanismo salvaje; la optimización de las más de 245.000 viviendas vacías que existen en Euskal Herria arreglaríamos el acceso a una vivienda para toda la población. Para ello, debemos incrementar la presión social sobre las viviendas vacías (continuando el trabajo ejemplar de tantos años y tantos colectivos) y penalizarlas (subida del IBI, impuestos especiales, competencias que otorga la Ley de Hacienda Local a los ayuntamientos, normas que pongan en marcha la expropiación del uso...) - Poner en marcha un Parque Público de Vivienda en Alquiler Social con precios limitados, compuesto de viviendas vacías, desahuciadas, de la administración pública… Pero el límite del precio del alquiler se debe establecer tanto para las viviendas protegidas como para las del mercado. No es de recibo que el precio medio del alquiler del mercado libre ronde los 900 euros y el SMI sea de 641,4 euros. Hemos reivindicado continuamente que el límite al alquiler debe serel 15% de los ingresos de la persona inquilina. En la rueda de prensa que dimos en noviembre decíamos que “no podemos sino recoger el guante lanzado desde diferentes sectores de crear un frente común para poder hacer efectivo un derecho como es el de la vivienda. Este será nuestro trabajo en los próximos meses”. Y seguimos en ello. Tras compartir con los agentes que trabajan en torno a la vivienda, en los próximos días presentaremos la Guía de la Vivienda que aspira a ser una herramienta de trabajo para los pueblos y barrios. Los desahucios están teniendo una respuesta amplia. Organicemos pueblo a pueblo y barrio a barrio el movimiento social, la solidaridad y el esfuerzo desinteresado de amplios sectores para poner en vías de solución el problema de la vivienda. Por supuesto sin olvidar que el problema de la vivienda es una de las consecuencias del modelo neoliberal que nos han impuesto, pero no la única. José Antonio era un trabajador eventual de una subcontrata del mantenimiento de los servicios de Lakua. El trabajo y la vivienda, dos eslabones de la misma cadena de precariedad. Después de acabar con las 35 horas en la Administración pública, ¿acaso éstos son los “daños colaterales” de los que hablaba Josu Erkoreka? Debemos dejar a un lado vergüenzas y miedos para, basándonos en valores de solidaridad, darle la vuelta a la situación. Solo la organización y la lucha a favor de un cambio y una transformación social profunda hará posible la emancipación de la clase trabajadora y los sectores populares de Euskal Herria