El fraude de la evaluación científica de los transgénicos en España

Amigos de la Tierra ha elaborado una serie de informes sobre la excesiva cercanía entre la industria de los transgénicos y los organismos científicos y políticos que deben regular sus productos. Durante años, la industria de los transgénicos y sus gobiernos afines han construido el mito de que los cultivos transgénicos son los alimentos más evaluados de la historia, y tienen el visto bueno de comités científicos independientes y responsables. Sin embargo, al analizar la composición o el trabajo de estos comités, tanto a nivel español como europeo, se demuestra que estas afirmaciones son más que dudosas. Confluencia de intereses, científicos que se mueven sin ningún rubor entre la industria y los comités públicos, permisividad frente a la industria y desprecio a la fuerte oposición ciudadana a la introducción de transgénicos en la agricultura y alimentación es la nota dominante en la Comisión Nacional de Bioseguridad en España (CNB) o en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Por eso se publica este informe, cuyas afirmaciones están completamente documentadas y son fácilmente contrastables. Porque si algo queda claro cuando se analiza la realidad del control y evaluación científica de los transgénicos es que la única aproximación sensata es la prohibición de su liberación al medio ambiente. Amigos de la Tierra ya reflejó en un informe hace más de un año muestras preocupación por el trabajo y la composición de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), el órgano teóricamente científico en el que se basan las decisiones sobre transgénicos en España. Esta Comisión, formada por 42 miembros, cuenta solo con 7 expertos científicos, siendo el resto representantes de diversas administraciones públicas. Mediante una sencilla búsqueda en la red, fácil de documentar, se demostró la excesiva cercanía de la mayoría de ellos con la industria de los transgénicos, a la que deben regular. Desde la publicación de aquel informe, Las Malas Compañías II – ¿Quién decide la política del Gobierno sobre transgénicos? , se han producido algunos cambios menores en el funcionamiento, composición, y encaje de la CNB. Pero la gran novedad es la publicación, tras más de dos años ocultas a la opinión pública, de las actas de esta Comisión. Su lectura no solo confirma los temores y dudas que se reflejaban en el anterior informe, sino que agrava nuestras preocupaciones ante la absoluta falta de control y rigor sobre los transgénicos en España. Nadie vigila, nadie hace cumplir la ley y nadie se ocupa de que las multinacionales cumplan sus obligaciones Gracias a estas actas, hemos conocido mucho mejor el funcionamiento de esta comisión supuestamente científica y se puede comprobar que: Las recomendaciones y deliberaciones de la CNB se basan con frecuencia en criterios políticos y no en criterios científicos. La CNB es extremadamente indulgente con las multinacionales y extremadamente dura en su trato a la sociedad civil. La CNB ni tan siquiera sanciona cuando las multinacionales incumplen las condiciones de la autorización impuestos por la misma CNB. Se autorizan experimentos al aire libre con transgénicos pese a la falta de información aportada por las empresas, utilizando argumentos tan inquietantes como “por ser la primera vez”. No se piden estudios científicos para analizar, por ejemplo, si se puede producir contaminación genética de especies silvestres, pero se piden varios dictámenes jurídicos para decidir si se da información a la sociedad civil que legalmente están obligados a facilitar. La CNB llega incluso a proponer estudiar los supuestos beneficios de los transgénicos en vez de preocuparse en analizar los impactos. La situación llega hasta el punto de que existen animales transgénicos a la venta en España, y tienen que ser los distribuidores los que lo detecten, ante la inoperancia de las autoridades competentes. Las multinacionales de los transgénicos como Monsanto, Syngenta o Bayer, si que se toman en serio su negocio, pero no a la CNB: Recurren con frecuencia al corta-pega para presentar sus solicitudes para ensayos experimentales. Envían la información la tarde antes de las reuniones de la CNB, impidiendo que se estudie y debata esta información de forma adecuada. La CNB lo acepta. La CNB constata que las multinacionales hacen afirmaciones sobre la supuesta ausencia de riesgo en sus ensayos sin ningún tipo de rigor y sin datos que sustenten dicha afirmación. No se les pide que presenten más estudios, solo que cambien la expresión que utilizan. Una Comisión del Gobierno como la CNB le hace consultas jurídicas a la propia multinacional que quiere aprobar su producto. El papel del Gobierno queda también perfectamente retratado en estos documentos. Nadie quiere asumir responsabilidades, ejercer cargos o tomar decisiones que tengan alguna relación con los transgénicos, dejándolo todo al criterio de la CNB. En el anterior informe la pregunta que nos planteábamos era ¿Quién decide la política del Gobierno sobre transgénicos?, preocupados por la falta de elementos científicos independientes dentro de la CNB y por su cercanía de la industria. Tras la lectura de las actas de esta comisión, la pregunta que nos planteamos va más allá: ¿alguien se toma en serio la situación de los transgénicos en España? Una lectura de estas actas muestra que, desde luego, el Gobierno no. Y por la falta de rigor, los criterios políticos, el desprecio a la sociedad civil, la permisividad hacia la industria, parece que la CNB tampoco. Lamentablemente, parece que los únicos beneficiados de esta situación son las multinacionales como Monsanto, Syngenta o Bayer, que han conseguido que España sea el único país de la UE que los cultiva de forma comercial a gran escala o que acoja casi la mitad de los ensayos experimentales que se realizan en Europa. Y todo al conseguir del Gobierno una legislación hecha a su medida, por la que no asumen ninguna responsabilidad por la contaminación o daños económicos o ambientales de sus productos. Y por otro, por la complicidad, desidia o falta de interés del organismo científico encargado de este tema y que tan solo da el visto bueno y justifica la lucrativa actividad económica de estas empresas, sin importarle demasiado el medio ambiente, la salud pública o la opinión de la sociedad española. Resulta imprescindible en España una reforma radical de la evaluación de los riesgos de los cultivos y alimentos transgénicos, empezando por el desmantelamiento de la CNB. Para poder desarrollar el necesario debate, es preciso crear un comité científico transparente, independiente y que abarque todas las disciplinas afectadas por la introducción de los transgénicos. Pero este debate no puede producirse en una situación de hechos consumados, el primer paso necesario es la prohibición del cultivo de transgénicos en España. ¿Qué es la CNB? Según explica el MARM en su página web la Comisión Nacional de Bioseguridad es un órgano colegiado de carácter consultivo cuya función es informar sobre las solicitudes de autorización correspondientes a organismos modificados genéticamente. Está adscrita a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y compuesta por representantes de los diferentes Ministerios implicados y por representantes de las Comunidades Autónomas, así como de personas e instituciones expertas en la materia. Informa por tanto sobre ensayos con transgénicos, tanto en ambiente confinado como al aire libre, y sobre las solicitudes de autorización para cultivos comerciales e importación, asesorando en la postura del Gobierno español en los organismos de la UE. Cada vez que el Gobierno debe tomar una decisión sobre transgénicos, pasa en primera instancia por la CNB. A partir de su dictamen, es el Consejo Interministerial sobre Organismos Modificados Genéticamente (CIOMG), que incluye representantes de varios ministerios, quien decide. Cuando un expediente tiene el visto bueno de la parte teóricamente científica, la CNB, pasa sin ningún problema por la parte política, el CIOMG. De ahí la importancia de la CNB como organismo que legitima la postura de apuesta por los transgénicos del Gobierno Español, único país de la UE que los cultiva a gran escala, y que acoge casi la mitad de los experimentos al aire libre con organismos modificados genéticamente que se realizan en la UE. ¿Qué información contienen sus actas? Las actas de la CNB recogen las deliberaciones y dictámenes que este organismo ha realizado. Tras permanecer sin publicar durante años, el MARM colgó en su página web las actas hasta febrero de 2010. Amigos de la Tierra ha analizado lo sucedido en esta comisión durante las últimas 11 reuniones de las que hay actas disponibles, un periodo de tiempo comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de 2010. A partir de esta fecha, las actas de la CNB permanecen de nuevo ocultas a pesar de las reiteradas solicitudes oficiales para su publicación. La lectura de las actas da una impresión muy clara del descontrol, desidia y falta de rigor científico que preside las decisiones de la CNB, y por tanto las decisiones que posteriormente adopta el Gobierno a través del Consejo Interministerial de OMG, que favorecen claramente a multinacionales como Monsanto, Syngenta, Pioneer o Bayer, frente a la amplia oposición social. A continuación se han agrupado algunos de los hechos más llamativos recogidos en ellas. Las multinacionales ningunean o ignoran a la CNB. Respondiendo a las solicitudes de información la tarde antes de la reunión Las multinacionales responden a los requerimientos de documentación o más información sobre sus ensayos experimentales la tarde antes de las reuniones de la CNB, lo que impide que esta documentación se analice con tiempo y se debata en el seno de la Comisión. Pero la CNB, en vez de no considerar esta información o apercibir a las empresas, se limita a abrir consultas por correo electrónico. Esta situación se produce por parte de Monsanto para ensayos de campo con maíces transgénicos, de Bayer para varios ensayos con algodón o Sesvanderhave para un ensayo con remolacha [acta 78, punto 3]. O simplemente no respondiendo Otras empresas, como Procase, ni tan siquiera contestan a estos requerimientos de la CNB [acta 78, punto 3] en una reunión en febrero de 2010. Sin embargo, su ensayo con maíz transgénico resistente a herbicidas e insectos figura como aprobado en la web del Ministerio a fecha de abril. Syngenta tampoco parece especialmente interesada en responder a los requerimientos de la CNB. Se le pidió avanzar en la caracterización molecular de un maíz transgénico para la autorización de uno de sus ensayos. Syngenta simplemente ignoró la petición. [Acta 77 punto 12] Lo mismo para un ensayo de remolacha, en el que la CNB le pidió que realizaran estudios toxicológicos y alergénicos. Como respuesta, Syngenta presenta exactamente la misma información que el año anterior. [Acta 77 punto 14] Recurriendo al corta-pega al presentar solicitudes La propia CNB constata el hecho de que generalmente estas empresas envían la misma documentación año tras año que se realizan los ensayos, cuando desde la CNB se ha solicitado que se envíe información actualizada [Acta 77, punto 8]. La CNB, sin embargo, aprueba estas solicitudes. O haciendo ensayos que la propia empresa considera que no tienen valor científico Bayer realiza en 2009 ensayos con algodón transgénico, uno de cuyos objetivos es evaluar posibles daños sobre la microflora del suelo de su cultivo. Cuando la CNB le pregunta por los resultados, Bayer afirma que “llegó a la conclusión de que no tenía valor científico repetir estos estudios directamente en campo”, ofreciendo hacer simplemente ensayos de laboratorio. [Acta 77, punto 15]. La CNB le consiente prácticamente todo a las multinacionales, pero es extremadamente dura con la sociedad civil No sanciona los incumplimientos de las medidas de seguridad que la propia CNB establece La CNB solicitó a la empresa Sesvanderhave que destruyera los restos vegetales de su ensayo con remolacha transgénica. Debería someter estos restos a trituración mecánica, cubrirlos con cal viva y enterrarlos, para asegurar que no se produjesen rebrotes en años posteriores. Según el informe de resultados de la empresa, no se ha cumplido este requisito. [Acta 77, punto 7]. De acuerdo a las actas, la CNB no toma ninguna medida de sanción por el incumplimiento. No sanciona que no se realicen los estudios toxicológicos que solicita Al realizar la evaluación de riesgo previa a un ensayo de maíces transgénicos de Monsanto en 2009, la CNB le solicitaba que realizara estudios sobre riesgo toxicológico con una duración determinada. Parece que dicho estudio no se realizó. La CNB simplemente insiste en su necesidad. [Acta 77, punto 9]. Desprecia las alegaciones de la sociedad civil a los ensayos experimentales Desde Amigos de la Tierra y otras organizaciones, plataformas ecologistas y agrarias se envían multitud de alegaciones 5 a los ensayos experimentales en 2009. Desde el MARM ni tan siquiera se envía un acuse de recibo, no hay ningún tipo de respuesta. Un año después, tras la publicación de las actas de la CNB, se puede constatar que estas alegaciones se despachan de forma casi despectiva ya que, según la CNB “se trata de alegaciones muy generales” [acta 70, punto 6]. Tan solo se paran a considerar las alegaciones relativas a un maíz transgénico sospechoso de causar infertilidad en ensayos con ratones según un estudio publicado por el Gobierno de Austria, pero descartan que este estudio ponga en duda la seguridad de este maíz. Ensayos que se autorizan sin información suficiente “por ser la primera vez” Syngenta solicita permiso para experimentar con una remolacha transgénica. La información no es suficiente y la CNB le solicita más. Pero Syngenta sigue sin enviar algo tan básico como la información toxicológica y alergénica, o la caracterización molecular y algunos de los estudios que envía no son estadísticamente significativos. Syngenta dice que no le ha dado tiempo. La CNB autoriza el ensayo bajo el más que dudoso argumento de “ Dado que se trata de la primera vez que se van a llevar a cabo ensayos con este evento en España, se está de acuerdo en elaborar un informe favorable”. Simplemente condicionan futuras aprobaciones a que se remita la información. [acta 73, punto 3] Lo que no vale en 2009, ¿si que vale en 2010? La CNB rechaza las solicitudes para realizar ensayos experimentales con varios maíces transgénicos en Galicia en 2009. Junto a la presión social y las alegaciones presentadas por diversas organizaciones sociales y un particular, se une la protesta de la Xunta de Galicia, alegando la presencia de variedades locales susceptibles de ser contaminadas. Desde la CNB se solicita a las autoridades gallegas que elaboren un informe sobre las variedades locales de maíz que existen en la zona, así como información sobre el “valor genético real de estas variedades” [Acta 70, punto 6]. En la siguiente reunión, un mes después, esta información aún no está disponible, por lo que se deja pendiente la aprobación de estos ensayos [Acta 71, punto 3]. Este tema desaparece de las reuniones de la CNB y no se vuelve a mencionar. A través de la web del MARM, se puede comprobar que estos permisos fueron denegados, ya que los expedientes están autorizados eliminando las localizaciones en Galicia. Pioneer, en una muestra más de corta-pega, presenta solicitudes idénticas en 2010. La Xunta de Galicia se opone a la realización de estos ensayos de forma abierta, alegando que “la parcela elegida no cumple con las medidas de seguridad exigidas para llevar a cabo ensayos con maíces modificados genéticamente” [Acta 78, punto 5]. En esta ocasión, y pese a que nada ha cambiado, la CNB las aprueba. No se sabe en base a qué, ya que a partir del 17 de febrero de 2010, reunión que recoge el acta 78, no se han vuelto a hacer pública la documentación de las reuniones de la CNB, ocultando de nuevo esta información al público. A través de la web del MARM se sabe que este ensayo ha sido autorizado, sin ninguna justificación aparente, en contra del criterio de la Xunta de Galicia, de forma separada al resto de las parcelas solicitadas por Pioneer. Se ningunea a las Comunidades Autónomas críticas El representante de la Xunta de Galicia en la CNB, frente a la solicitud de Monsanto de experimentar con maíces modificados genéticamente en Galicia en 2009, alega que estos transgénicos no tienen interés en su territorio, al no estar presente el insecto que estos maíces pretenden combatir. Simplemente se le recuerda que la misión de la CNB no es “realizar valoraciones comerciales, económicas o agronómicas” [Acta 70, punto 6]. Los ensayos en Galicia fueron finalmente rechazados ese año. En 2010, la Xunta presenta alegaciones al ensayo con maíz transgénico propuesto de nuevo por Pioneer en Galicia, incluyendo que “la parcela elegida no cumple con las medidas de seguridad exigidas para llevar a cabo ensayos con maíces modificados genéticamente” [Acta 78, punto 5]. Pese a la no publicación de las actas posteriores, en la web del MARM el ensayo en Galicia en 2010 figura como aprobado, ignorando así la voluntad expresa de las autoridades gallegas. Cuando la chapuza es la norma: Las multinacionales realizan afirmaciones generales sobre la seguridad de los transgénicos sin datos que las respalden En las solicitudes que realizan para realizar ensayos experimentales, las empresas incluyen afirmaciones del estilo “no se han observado efectos adversos” o “el riesgo para el medio ambiente de esta planta modificada genéticamente es insignificante”. Desde la CNB se observa que se realizan sin ningún tipo de datos que apoyen estas afirmaciones. Esto incluye expedientes de Procase o Monsanto [acta 77, punto 9 y punto 11; acta 71, punto 8], Syngenta [acta 77, puntos 12 y 14], Sesvanderhave [acta 77, punto 7] o KWS [acta 76, punto 6]. La CNB, tras señalar la inconsistencia de estas afirmaciones, simplemente pide “que se rectifiquen” [Acta 77. punto 14], que “se deben evitar” [acta 71, punto 8] o “que se eliminen las afirmaciones de carácter general” [acta 77, punto 11]. O en el mejor de los casos, deja pendientes las solicitudes no para que demuestren su seguridad ni realicen más estudios, solo para que cambien las expresiones y digan lo mismo, pero de otra manera. Solicitudes incompletas y que no aportan la información adicional solicitada por la CNB Además del ya mencionado corta-pega, es constante la falta de información por parte de las empresas en sus solicitudes a la CNB, en las que se omiten detalles como la localización o las medidas de seguridad a adoptar en los ensayos experimentales. Es el caso de Bayer cuando pide autorización para hacer ciertos ensayos con algodón transgénico en Andalucía sin especificar dónde los va a realizar [Acta 77 punto 15]. También el de Syngenta, cuando solicita un ensayo con remolacha transgénica sin información sobre la caracterización molecular del evento, su estabilidad genética o sus efectos tóxicos y alergénicos [acta 77, punto 14]. O el de otra de las empresas implicadas en el mercado de los transgénicos, KWS, que no envía información sobre los análisis moleculares en los que fundamenta algunas de sus afirmaciones en la solicitud de permiso para ensayo experimental con remolacha transgénica en noviembre de 2009. [Acta 76, punto 6]. En cuanto a las medidas de seguridad que se piensan adoptar para realizar ensayos experimentales con maíces transgénicos al aire libre en 2009, Syngenta no envía, por ejemplo, información sobre las medidas para evitar liberaciones accidentales durante el transporte de las muestras, o el diseño de los ensayos [acta 72, puntos 10 y 11]. La CNB le solicita a Monsanto que realizara un análisis toxicológico más exhaustivo de uno de los maíces transgénicos que ensayó en 2009, que la multinacional no presenta en la solicitud de 2010 [acta 77, punto 9], lo que no parece ser impedimento para aprobar el experimento. La CNB solicitó a Syngenta información sobre caracterización molecular de varios maíces transgénicos, pero Syngenta, no se molesta en enviarla [Acta 72, punto 11] Años de retraso en analizar los datos de los estudios, y cuando se entregan, no se envía toda la información La CNB solicita a Bayer estudios de 2008 sobre efectos de algunos de sus algodones transgénicos en insectos no diana, objetivo de algunos ensayos en años anteriores. Bayer está todavía analizando estadísticamente los datos. Cuando dos años después aportan los resultados, en los que, sorprendentemente, no se han encontrado diferencias entre los campos sembrados con algodón transgénico y no transgénico, la CNB detecta que falta información básica: tipo de insecticidas utilizados, tablas que muestren los datos totales, y las comparaciones estadísticas entre las variantes. En 2009 la CNB le insistió a Bayer en la necesidad de seguir avanzando en la caracterización molecular de sus algodones transgénicos. Al año siguiente, la CNB constata que sigue faltando información, y la única medida que toma es volver a insistir [acta 77 punto 15]. La CNB solicita en 2010 a Monsanto los resultados de estudios sobre los efectos potenciales de varios maíces transgénicos que se están experimentando en España sobre organismos no diana. Monsanto no los facilita, justificándolo en que se están analizando aún los datos de 2008 y 2009. [acta 77, punto 9]. La CNB solicita en febrero de 2010 que Syngenta aporte los resultados finales de los estudios para determinar los posibles efectos sobre organismos no diana realizados en los ensayos de 2008 y 2009 con varios maíces transgénicos. Syngenta responde, años después, todavía está recopilando y analizando los datos [acta 77, punto 12]. Falta de rigor en los informes presentados a la CNB La CNB constata fallos tan evidentes como la falta de evidencia experimental relativa a las afirmaciones que se hacen en el expediente de Sesvanderhave sobre herencia mendeliana y caracterización molecular de la remolacha transgénica con la que quiere experimentar [acta 77, punto 7]. Links como respuesta a un requerimiento oficial La CNB solicita información sobre un estudio que le solicitó a Syngenta que realizara en 2009 sobre el efecto de una proteína de sus maíces transgénicos sobre ciertas plagas de insectos coleópteros. Syngenta responde enviando el link a una página web con una base de datos sobre proteínas Bt y se menciona un estudio. La CNB le exige que envíe un resumen de la web y copia del estudio [acta 77, punto 12] Syngenta como asesora jurídica de la CNB Syngenta solicita autorización para realizar ensayos de campo con maíces modificados genéticamente en varios municipios españoles. Desde Amigos de la Tierra se denuncia que pueden estar localizados en espacios naturales protegidos. La CNB, un organismo público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente le pregunta a Syngenta, la multinacional interesada en estos ensayos, si es cierto, y si hay alguna disposición legal que lo impida [acta 78, punto 3] Año y medio ocultando la localización de los experimentos con transgénicos pese a una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. El oscurantismo del Gobierno permite que España sea el campo de experimentacion de las multinacionales en Europa Si hay algo que ha caracterizado la política sobre transgénicos en España durante todos estos años es el oscurantismo y la falta de información, que se refleja, como ya se ha comentado, en que las actas de la CNB han estado más de dos años sin publicarse y que, desde febrero de 2010, no se han vuelto a publicar. Este oscurantismo ha permitido, entre otras cosas, que el 42% de los ensayos experimentales que se realizan en la UE con transgénicos al aire libre se produzcan en España. Una práctica de alto riesgo, sobre cuya localización otros Gobiernos europeos informan en sus propias páginas web. Sin embargo, en España la localización de estas parcelas ha permanecido oculta, sin que ni tan si quiera los municipios afectados o los agricultores vecinos fuesen informados de la realización de ese experimento. Esto impide que se puedan tomar medidas contra la contaminación, que los ayuntamientos puedan ejercer vigilancia sobre actividades en su territorio o el control social sobre las medidas mínimas de seguridad que deben cumplir estos ensayos, de los que no constan controles o inspecciones. El Tribunal Europeo de Justicia afirma que la localización debe ser pública Desde Amigos de la Tierra y muchas otras organizaciones se ha solicitado de forma reiterada la localización exacta de estas parcelas, sin respuesta. Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de febrero de 2009 estableció la obligación de facilitarla. El Tribunal afirmó que “el derecho de acceso del público a la información se aplica también a la liberación de organismos modificados genéticamente. Los Estados miembros no pueden invocar una excepción de orden público para oponerse a la divulgación del lugar de la liberación de organismos modificados genéticamente” . La CNB y el MARM pierden año y medio hasta que facilitan la información entre discusiones, informes jurídicos y presiones de la industria Sin embargo, pasa casi un año y medio hasta que el MARM facilita esta información, en mayo de 2010, siendo necesaria la mediación del Defensor del Pueblo. Al hacerse públicas las actas de los últimos años de la CNB, se ha podido constatar que para evitar facilitar una información que están obligados por sentencia judicial, el MARM y la CNB recurrieron a consultas jurídicas, duros debates internos e incluso se reflejan las presiones por parte de la industria de los transgénicos: · La CNB se da por enterada de la sentencia en su reunión del 6 de marzo de 2009 [acta 71, punto 17], en la que se afirma que ya se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Ministerio. · El Servicio Jurídico del Ministerio contestó que la Administración debe facilitar las coordenadas geográficas exactas de los lugares con ensayos con transgénicos de manera general, incluso antes de que se solicite [acta 72, punto 15]. Algunos miembros de la CNB, en un alarde de independencia y política de transparencia, deciden corregir a los servicios jurídicos, alegando que se basan en que las actividades con transgénicos son peligrosas. Según la CNB, esta asunción es errónea. Deciden mandarle un informe para corregir a los servicios jurídicos. La CNB ha consultado una página web de la Comisión Europea, y afirman que otros países no están publicando la localización de los ensayos, ignorando que casi todos los países europeos lo hacían ya en sus páginas web. · En la reunión siguiente, en mayo. se informa de una reunión de alto nivel entre el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, que preside la Comisión Interministerial de OMG y la entonces Directora de Calidad y Evaluación Ambiental, Mª Jesús Rodríguez, que presidía la CNB, para tratar sobre este asunto. [Acta 73, punto 8]. · En una reunión en octubre de 2009, el representante de la Junta de Castilla – La Mancha denuncia las presiones de la industria de los transgénicos para no hacer públicos estos datos a través de la patronal de empresas de semillas ANOVE [acta 75, punto 13] · En la reunión de noviembre de 2009 [acta 76, punto 11], se afirma que se debatirá sobre el informe del Abogado del Estado en la siguiente reunión. · Ya en enero de 2010, interviene el Defensor del Pueblo a petición de Amigos de la Tierra, mientras que la CNB sigue mareando la perdiz pidiendo dictámenes a los servicios jurídicos del Estado para evitar facilitar una información que están obligados legalmente a dar [acta 77, punto 19]. Tras la intervención del Defensor del Pueblo, la CNB considera que es responsabilidad del CIOMG responder. La secretaria de este organismo, Esther Esteban, presente en la reunión, reconoce que aún no se ha enviado una carta al Servicio Jurídico del Estado para aclarar esta cuestión. Lo que en España es “incitación al vandalismo” en Alemania, Portugal o Reino Unido es información oficial pública disponible en internet La localización de los ensayos experimentales al aire libre fue entregada a Amigos de la Tierra en mayo de 2010, y se hizo publica 10 tan solo unos días después de ser enviada por el MARM. Desde entonces, Amigos de la Tierra ha sufrido un duro acoso mediático por parte de la industria de los transgénicos, a través de una de sus fundaciones de relaciones públicas y propaganda, la Fundación Antama 11 , y de ANOVE 12 , que nos acusan de “incitación al vandalismo” y nos responsabilizan de posibles protestas en estos campos experimentales ya que, según afirman, “apuntar no es disparar, pero ayuda bastante.” Estas acusaciones, por cumplir el derecho de libre acceso a la información ambiental, serían aplicables en este caso también a los gobiernos de Reino Unido, Portugal, Francia o Alemania, que publican exactamente la misma información en sus portales oficiales. Cuando el rigor científico y la prevención de riesgos son lo de menos: Sin ningún tipo de preocupación seria por prevenir riesgos de contaminación de especies silvestres La empresa Syngenta notifica que uno de sus ensayos con remolacha transgénica va a tener lugar dentro de un espacio protegido, una ZEPA en Castilla y León. Simplemente se comenta que habrá que tener en cuenta el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Se señala que se desconoce la presencia o no de variedades silvestres que puedan cruzarse con esta remolacha transgénica. Aunque la variedad silvestre Beta maritima, aparece principalmente en zonas costeras, la CNB reconoce que se puede encontrar más allá de estas zonas. [Acta 78, punto 3]. Se relativizan los riesgos al considerar que la remolacha poliniza el segundo año y los ensayos solo tienen un año de duración, sin ni tan siquiera encargar un mayor estudio de la distribución de las variedades silvestres. Tan solo se le solicita a la Junta de Castilla y León un informe sobre si se pueden realizar los ensayos en un espacio protegido. Con solo una rápida búsqueda del género de la remolacha (Beta) en buscadores específicos, como el Sistema de Información sobre las Plantas en España Anthos, aparecen registros en zonas como Ávila, Salamanca, Soria, Ciudad Real o Albacete, bastante alejadas de zonas costeras 14 . Una información preocupante, teniendo en cuenta que se llevan realizando ensayos con remolachas transgénicas en España por parte de Monsanto o Syngenta durante años, y las cada vez más frecuentes informaciones sobre hibridación de plantas transgénicas con plantas silvestres 15 Además, la propia CNB reconocía en una reunión anterior de noviembre de 2009 el elevado riesgo de la dispersión del polén de remolachas transgeicas y la posibilidad de hibridación con especies silvestres [acta 76, punto 6]. Decisiones que se toman por motivos políticos, no científicos En abril de 2009, Alemania prohíbe el cultivo del maíz transgénico MON810, que se cultiva en España. Alemania aportó toda una serie de estudios que demuestran sus impactos sobre el medio ambiente, la imposibilidad de convivencia de un modelo de agricultura transgénica con una convencional o ecológica y las incertidumbres sobre sus efectos toxicológicos a largo plazo. Sin embargo, la CNB despacha el tema con dos líneas [acta 72, punto 15], diciendo que esta prohibición no tiene razones científicas. Mientras Alemania, Francia o el resto de países que han prohibido el maíz transenico presentan estudios científicos que avalan los impactos e incertidumbres sobre su seguridad 16 , el Gobierno Español sigue sin presentar ningún estudio propio que justifique su cultivo aquí. Transgénicos, las competencias que nadie quiere No es ningún secreto que los transgénicos son considerados dentro del Gobierno como un gran “marrón” que nadie quiere asumir. Pero las actas de la CNB lo evidencian aún en mayor medida. No deja de ser curioso como diferentes administraciones y departamentos, tan celosos normalmente de asumir nuevas competencias, se pelean para no tener responsabilidad sobre los transgénicos. Esta pelea por no asumir responsabilidades se produce en el seno del MARM, dónde la anterior Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental no quiere formar parte del Consejo Interministerial de OMG, ya que entiende que no forma parte de sus competencias. Esto quiere decir que la persona que preside la CNB, el comité supuestamente científico, no quiere después asumir responsabilidades a la hora de tomar decisiones en el comité político-técnico [acta 74, punto 9]. Tampoco nadie quería asumir dentro del MARM el ser punto focal del Protocolo de Cartagena, un compromiso internacional firmado por España dentro del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU que regula los daños y consecuencias del comercio internacional de organismos modificados genéticamente. La responsabilidad de ser punto focal iba a quedar en manos de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad tras la nueva reforma del Ministerio 17, ya que otras DG como la de Desarrollo Sostenible del Medio Rural o la DG de Calidad o Evaluación Ambiental se negaron a asumirla. Finalmente pasó a manos de una Secretaría Técnica 18 . Esta pelea por quitarse competencias de encima se produce también entre Comunidades Autónomas y el Estado. Por ejemplo, entre julio de 2009 y febrero de 2010 se produjeron consultas a los servicios jurídicos para decidir quien asume ciertas competencias sobre aprobación de ensayos experimentales. Castilla La Mancha considera que es competencia estatal, el Estado considera que es de las Comunidades Autónomas. [Acta 78, punto 10]. Se refleja también en las actas las peleas y malos entendidos entre el Consejo Interministerial de OMG y la CNB. El CIOMG le pide una opinión más clara a la CNB, pero la CNB insiste en que ellos no deciden, solo hacen un dictamen técnico, y le piden al CIOMG más claridad en el sentido de su voto [Acta 78, punto 11]. Es decir, la parte política, el CIOMG, no quiere posicionarse, y quiere apoyarse exclusivamente en la opinión de la CNB. Pero la CNB se excusa diciendo que es un organismo técnico, que solo emite informes y que quien debe tomar las decisiones es la CIOMG. ¿Gastar dinero público en hacer propaganda de los transgénicos? Llegados ya a este punto, y visto el poco interés que demuestran en analizar los riesgos de los cultivos transgénicos, no deja de llamar la atención que la CNB se plantee incluso crear un grupo de trabajo para analizar los supuestos beneficios de los transgénicos, como la posible reducción del uso de insecticidas o herbicidas. Es decir, gastar dinero público en intentar hacer propaganda a las multinacionales de los transgénicos [acta 71. punto 17]. Descontrol que asusta: animales transgénicos ilegales a la venta en España En una reunión del 15 de diciembre de 2008, la CNB se da por enterada de una carta enviada por el presidente de la Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales de Compañía (AEDPAC), en la que se informaba al MARM de la presencia de peces transgénicos en algunas tiendas de animales en España. En concreto, de dos peces modificados genéticamente para cambiar su color, el pez cebra (Danio rerio) y el pez del arroz o medaka (Oryzias laticeps). Según la propia CNB, la presencia de estos peces es totalmente ilegal y se está de acuerdo en tomar medidas al respecto, informando a las autoridades en frontera [acta 69, punto 13]. En ningún momento se menciona, por ejemplo, que se vayan a realizar inspecciones en las tiendas de animales o controlar los que ya están dentro de España. El tema vuelve a aparecer en la siguiente reunión [acta 70, punto13], en la que solo se añade que habría que notificarlo a la Comisión Europea. No se sabe durante cuánto tiempo se han estado vendiendo animales transgénicos ilegales en España, ni se vuelve a mencionar el tema. Otro ejemplo más de la absoluta falta de control sobre los transgénicos en España, ya que ni siquiera son las autoridades competentes las que detectan y denuncian el caso, sino una asociación empresarial. También es un ejemplo más de ocultación de información, ya que hasta que no se han publicado estas actas, años después, no se ha podido conocer este caso. Desde Amigos de la Tierra se denunció públicamente la situación y se solicitó de forma oficial al MARM más información sobre las medidas adoptadas de control e inspección, y el alcance de la venta de estos peces ilegales a principios de julio de 2010. A la fecha de publicación de este informe, mediados de diciembre, el Gobierno no se ha dignado a responder, incumpliendo una vez más la legislación que regula el libre acceso a la información ambiental. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, incluso peor El Gobierno español se suele respaldar también en los dictámenes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) para evitar tener que pronunciarse sobre la seguridad, por ejemplo, del maíz transgénico MON810, el único aprobado para cultivo comercial en la UE. España es el único país que permite su cultivo a gran escala, mientras 10 países lo han prohibido 20. O de la patata transgénica de BASF, aprobada este año también para su cultivo en Europa y que cuenta ya con la prohibición de tres países y un recurso judicial de cinco Gobiernos contra la Comisión Europea 21. Si se analiza la composición y el funcionamiento de la EFSA, no sorprende comprobar como, repetidamente, multitud de países miembro prohíben los transgénicos, a pesar de que estos cuentan con el aval de la EFSA, un organismo europeo. No sorprende, porque si en España ya es demasiado evidente la estrecha relación entre los miembros de la CNB y la industria de los transgénicos, en el caso de la EFSA la situación es escandalosa. Si un informe en 2004 ya alertaba de los vínculos entre los científicos de la EFSA y la industria, 22 no es necesario remontarse tanto en el tiempo, ya que tan solo en los últimos meses esta agencia nos ha dejado una serie de escándalos intolerables. De la EFSA a la industria, y de la industria a la EFSA: conflictos de interés y falta de independencia En septiembre de 2010, se denunciaba que la mismísima presidenta de la EFSA, Diana Banati, había ocultado en su declaración de intereses su pertenencia a la junta directiva de ILSI, un grupo de presión formado por multinacionales agroalimentarias entre las que figuran las principales comercializadoras de semillas transgénicas, como BASF, Bayer o Monsanto 23 . También saltaron las alarmas en marzo de 2010 cuando se supo que jefa del panel de transgénicos de la EFSA, la belga Suzy Renckens, dejaba su cargo para empezar a trabajar, tan solo un mes y medio después, como Directora de Asuntos legales de Biotecnología de Syngenta para Europa, África y Oriente Medio 24 . La EFSA: criticada por muchos Gobiernos, apoyada fielmente por el MARM No sorprende la dura oposición de muchos gobiernos europeos frente a productos con el visto bueno de esta agencia, como muestra la prohibición de tantos países miembros, que han pedido de forma reiterada la reforma de esta agencia y una revisión del modo en el que se evalúa la seguridad de los transgénicos 25 . Incluso alguno de los antiguos jefes del panel de transgénicos de la EFSA, como Patrick Wall, ha reconocido que no se puede obligar a los ciudadanos europeos a consumir transgénicos, que no aportan ningún beneficio para el consumidor, se muestra de acuerdo en la necesidad de analizar los riesgos a largo plazo para la salud e incluso admite que los miembros de la EFSA están claramente sesgados a favor de esta tecnología. Y sin embargo el Gobierno español confía ciegamente en las decisiones de a EFSA 27. Incluso la CNB constata la falta de rigor de la EFSA Hasta un organismo tan abiertamente protransgénico como la CNB detecta gran cantidad de errores, fallos y omisiones en los expedientes que las multinacionales presentan a la hora de aprobar un transgénico para su cultivo comercial o importación en la Unión Europea, lo que dice muy poco de la calidad o fiabilidad de estos expedientes. La EFSA directamente ignora estos comentarios de la CNB. No parece que las multinacionales se tomen muy en serio tampoco a la EFSA y entre las deficiencias de las solicitudes que hasta la CNB detecta y la EFSA ignora se encuentran asuntos tan graves como errores en los estudios de toxicidad presentados por Monsanto para conseguir autorizar la importación de la soja modificada genéticamente MON87701 x MON89788 [acta 78, punto 9]. También en las evaluaciones ambientales, como la que Monsanto presenta para su maíz transgénico MON89034 x MON88017, donde la empresa decide por si misma que no hay ningún riesgo ambiental en el cultivo de este maíz e incluso la CNB considera que se debe hacer un plan de seguimiento [acta 77 punto 17]. O en la de una remolacha transgénica para cultivo y uso en alimentación humana y animal de Monsanto y KW SAAT, en la que el plan de seguimiento que proponen las multinacionales, que han deducido ellas mismas que no hay ningún riesgo, es realizar un cuestionario a los agricultores. La CNB pide más controles, que la EFSA no ve necesarios. Y aumenta la gravedad comprobar que parece que el estudio de toxicidad no se realizó adecuadamente. [Acta 76 punto 8] O la evaluación ambiental del maíz MON89034 x NK603 para cultivo, importación y uso en alimentación humana y animal. La CNB protesta porque Monsanto no ve razones para establecer más que un plan de vigilancia general, ya que según la empresa no hay riesgos y pide a la EFSA que se sigan los riesgos. Como en sus solicitudes para realizar ensayos experimentales en España a la CNB, en la solicitud a la EFSA para comercializar este maíz Monsanto hace además afirmaciones sin aportar los datos que lo justifiquen. [Acta 76, punto 9] También las evaluaciones ambientales son, con frecuencia, poco exhaustivas, como la presentada por Syngenta para autorización para importación y uso en alimentación humana y animal el maíz transgénico GA21. [acta 69, punto 10]. O cuando la CNB solicita más información sobre posibles efectos alergénicos o tóxicos de un maíz transgénico de Dow AgroScience y Monsanto [acta 73, punto 6]. Se puede comprobar a través de las actas publicadas de la CNB, que la EFSA ignora los comentarios emitidos por la CNB [acta 76, punto 10], un organismo ya de por si extremadamente indulgente con los intereses de las multinacionales de los transgénicos, lo que, junto al resto de evidencias presentadas, da idea de por qué ni tan siquiera muchos Estados miembro confían en esta agencia. La imprescindible reforma de la evaluación de los transgénicosen España España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala, y lo hace sin ninguna justificación científica, social o económica. El Gobierno tan solo se escuda en los dictámenes de la EFSA o de la CNB. Mientras, casi la mitad de los países de la UE no confían en la EFSA y van prohibiendo progresivamente el cultivo de transgénicos, mientras que la CNB es un organismo con gente afín a la industria que no se toma en serio la vigilancia y evaluación de los cultivos transgénicos. Amigos de la Tierra considera que: No se puede confiar en los dictámenes de la EFSA, un organismo sesgado, que siempre avala la seguridad de los transgénicos pese a que luego ésta sea desmentida por investigaciones independientes. Una agencia en la que no confían las principales potencias agrícolas europeas, que han prohibido el cultivo de maíz transgénico, o han recurrido la aprobación de La patata transgénica, que cuenta con el visto bueno de la EFSA a pesar de todos sus riesgos para la salud y el medio ambiente. Y una agencia cuyos miembros están demasiado vinculados con la industria de los transgénicos que deben regular y que después de aprobar transgénicos en su trabajo en la EFSA se van a trabajar para las multinacionales que los venden. No se puede confiar en la Comisión Nacional de Bioseguridad. Por sus miembros, que solo incluyen como científicos a personas demasiado cercanas a la industria de los transgénicos, y vienen todos del mismo ámbito de la biotecnología, ignorando la compleja realidad de la introducción de los cultivos y alimentos transgénicos. Y porque tras leer el contenido de sus actas, es imposible pensar que los transgénicos están bajo control en España. Por lo tanto solicita: Aplicar la cláusula de salvaguarda que recoge la directiva europea 2001/18/CE en su artículo 23 para prohibir los cultivos transgénicos aprobados (maíz y patata) en España, que nos equipare en materia de agricultura y medio ambiente con las principales potencias europeas. Paralizar la autorización de nuevos experimentos al aire libre con cultivos transgénicos. Desmantelar la CNB para crear un auténtico comité científico independiente, que realmente evalúen los riesgos e impactos de los transgénicos. Este nuevo comité científico debe incluir científicos de todas las disciplinas afectadas por los cultivos y alimentos transgénicos: biotecnólogos, microbiólogos, ecólogos, edafólogos, entomólogos, limnólogos, expertos en salud pública, en resistencia a plagas, en economía agraria, en sociología rural, etc. Debe asimismo incluir, o cuanto menos tener relación fluida, con los organismo de participación de la sociedad civil. Garantizar la absoluta independencia de este comité y de los miembros del Gobierno que participen en la regulación sobre transgénicos. Para ello, es imprescindible: Incompatibilidad de la pertenencia a este comité científico con cualquier tipo de colaboración con la industria de los transgénicos. Los funcionarios y miembros del Gobierno que tengan responsabilidades sobre organismos modificados genéticamente no deben tampoco colaborar con la industria y sus organismos de propaganda y lobby.