La Cumbre Social Vasca pide que el Parlamento plantee recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas judiciales

La Cumbre Social Vasca ha apostado por plantear desde el Parlamento vasco un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales y se ha sumado a las movilizaciones del próximo día 20 en la administración de justicia para denunciar su "deterioro". Asimismo, ha anunciado que el 14 de marzo realizará protestas en las tres capitales vascas para reclamar "más y mejor empleo" y "una política en serio" contra la corrupción. En una rueda de prensa en Bilbao, representantes de este colectivo, integrado por cerca de una veintena de sindicatos y asociaciones, ha presentado este viernes sus próximas iniciativas en el actual momento "tan crítico". Entre estas propuestas, las organizaciones que componen la Cumbre Social Vasca tienen previsto pedir a los grupos parlamentarios que la Cámara vascas debata la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales. Según ha explicado el representante de Jueces para la Democracia Edmundo Rodríguez, se pretende que "se plantee que, como ya se ha dicho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal Constitucional, al exigirse tasas con carácter general y con unos importes que disuaden a los ciudadanos para acudir a los tribunales reclamado la tutela de sus derechos, lo que se está haciendo es limitar el ejercicio de esos derechos y, al mismo tiempo, impedir que la garantía de que los tribunales decidan, después de escuchar a las partes, lo que corresponda conforme a derecho se haga efectiva". De este modo, la Cumbre Social Vasca impulsará que también en Euskadi "se pueda discutir esta decisión del Gobierno, matizada recientemente, que supone la limitación de un derecho fundamental" dentro de "una política general de recortes de un servicio público esencial, como es la Administración de Justicia". En esta línea, estas organizaciones han manifestado su adhesión a las movilizaciones convocadas para el próximo día 20 de febrero por jueces y fiscales para denunciar "el deterioro" de la Administración de Justicia.