El CSN se pronunciará sobre Garoña a finales de mes y Nuclenor trabaja para alargar su vida diez años más

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitirá un informe, previsiblemente, en su pleno del 31 de julio sobre el Real Decreto que facilitaría una hipotética reapertura de la central nuclear de Garoña El Real Decreto sobre gestión del combustible nuclear ya fue estudiado y aprobado por el CSN el pasado 24 de abril, pero el Ministerio de Industria introdujo nuevas modificaciones al texto, y pidió un pronunciamiento no vinculante al máximo órgano de seguridad nuclear.

La clave de esas modificaciones es que introducen la posibilidad de que una central nuclear, como Garoña, pueda pedir una licencia de renovación desde el año de su cese, si este obedeció a razones económicas y no de seguridad.

De esta manera, se rebajan las exigencias a las empresas que operan las centrales, que ya no tendrían que solicitar una nueva autorización para explotarlas tras su cierre, sino una "renovación", que es un permiso que requiere de muchos menos requisitos que una nueva autorización.

Esta reforma normativa promovida por Industria, sobre la que los técnicos del CSN están elaborando informes, marcaría un precedente para el resto de nucleares en operación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se establecía el cese definitivo de la explotación de Garoña el pasado 6 de julio.

Nuclenor, la empresa participada por Iberdrola y Endesa que opera la central, ya se anticipó a ese cese de actividad en diciembre de 2012 para evitar las nuevas tasas a las nucleares que entraban en vigor en enero, aunque siempre sostuvo que estaría dispuesta a seguir operando Garoña en condiciones más favorables.

Con 42 años, Santa María de Garoña es la central nuclear más antigua del parque nuclear español.

Nuclenor trabaja para alargar la vida de Garoña diez años más

Varios directivos de Nuclenor mantuvieron un encuentro con responsables de las empresas subcontratadas en la central nuclear de Santa María de Garoña, a los que transmitieron su intención de solicitar una licencia "por diez años" en caso de que el Gobierno articule medidas que así se lo permitan y hagan viable económicamente la planta