Un grupo de técnicos denuncia "una caza de brujas" por parte de la cúpula política del CSN "que está afectando a la seguridad nuclear"

Un grupo de técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha levantado en pie de guerra contra la cúpula del organismo en protesta contra el «deterioro progresivo» que, a su juicio, está sufriendo la institución presidida por el ex secretario de Estado de Energía Fernando Martí.
En un duro comunicado remitido a la Comisión de Industria del Congreso, que preside el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto Iglesias, la Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) denuncia «la sucesión de hechos que resultan preocupantes por las consecuencias que están teniendo tanto en el ambiente de trabajo, como en la propia seguridad nuclear y protección radiológica». En este sentido, piden a los diputados que «tomen cartas en el asunto y promuevan un cambio urgente en el regulador»

La carta llegó ayer por la tarde al registro del Congreso. Está previsto que este miércoles la Comisión de Industria apruebe la comparecencia urgente de Martí en la Cámara para explicar las novedades relacionadas con la actividad del organismo y, especialmente, aquellas vinculadas a la central nuclear de Santa María de Garoña. Esta instalación se encuentra desconectada de la red desde el año 2013 a la espera de que el CSN resuelva sobre su reapertura tras la petición de prórroga en su vida útil cursada por las eléctricas propietarias.
La asociación denuncia en la misiva parlamentaria «presiones sobre los técnicos evaluadores e inspectores» en materia de seguridad nuclear, algo que llega a definir como «caza de brujas». «Se aprecia una tendencia a la baja del número de expedientes, y que ciertamente no se debe a una mejora del nivel de seguridad de las instalaciones», argumenta esta asociación compuesta por una treintena de técnicos nucleares. Las acusaciones vertidas sobre la cúpula del CSN son gravísimas al llegar incluso a sostener que «estamos ante un regulador capturado y debilitado que cede a las presiones del sector en busca de una desregulación que va en detrimento de la seguridad nuclear».
Las protestas que ha llevado a cabo este grupo de técnicos nucleares han encontrado respuesta en el consejo del propio CSN. El pleno del supervisor asegura en un comunicado oficial que ASTECSN es «una asociación privada» formada por una treintena de técnicos en un cuerpo compuesto por más de 200 profesionales. El máximo órgano de poder del CSN asegura «desconocer la identidad de los miembros de la asociación» y advierte que sus advertencias «pueden provocar una alarma social no justificada que socava la credibilidad del regulador y ocasiona un daño moral a los ciudadanos totalmente inmerecido e injustificado».
Además, el regulador va más allá de la batalla dialéctica y asegura haber puesto en manos de sus «asesores jurídicos» las denuncias llevadas a cabo por la asociación de técnicos para estudiar posibles «acciones legales».
La guerra en el seno del CSN llega en un momento clave para el futuro de la energía nuclear en España. El organismo tiene que pronunciarse de forma inminente sobre el futuro de la central de Garoña, desconectada de la red en diciembre de 2012 por el pulso que mantuvieron el Gobierno y las eléctricas a costa de la reforma energética. Las eléctricas han pedido reabrir la central y prorrogar su vida hasta los 60 años, lo que permitiría su operación hasta 2031. Esta decisión sentaría un precedente a la hora de evaluar la extensión de la vida del resto de reactores del país.
El actual escenario político también añade otra gota de incertidumbre al sector, ya que solo el PP se ha manifestado partidario de extender la vida de las centrales siempre que cumplan los requisitos de seguridad exigidos por el CSN. Otras fuerzas con amplia representación parlamentaria como PSOE y Podemos abogan por cerrar todo el parque nuclear en 2024.