El 'fracking' sube la apuesta

Las empresas del sector confían en abrir el primer pozo de exploración de gas de esquisto en el 2016 El lobby del fracking sube su apuesta en España. Shale Gas España, la asociación empresarial que promueve la búsqueda de gas de esquisto mediante la tecnología de fracturación hidráulica (fracking), confía en que el año próximo se abran los primeros pozos exploratorios para indagar la presencia de yacimientos de gas no convencional. Sus portavoces destacan que los ayuntamientos percibirán entre 300.000 y 600.000 euros por cada pozo exploratorio sólo en la primera fase de exploración e investigación (en concepto de impuestos municipales por la licencia de obras).

Algunas empresas que promueven los proyectos de fracking están ultimando los estudios de impacto ambiental que deberán acompañar los proyectos. Y, una vez que sean sometidos a su evaluación ambiental y obtengan la luz verde, podrían abrirse los primeros pozos, según indicó David Alameda, director general de Shale Gas España, la asociación que empresas promotoras. "Aún no hemos conseguido abrir ningún pozo exploratorio. Sabemos que hay gas, pero necesitamos explorarlo para definir y cuantificar sus valores", precisa Alameda. Las zonas del territorio español más proclives a acoger estos yacimientos son la cordillera vasco-cántabra y el norte de la provincia de Burgos. Uno de ellos es el que la multinacional BNK tramita en la provincia de Burgos.

Los expertos sostienen que la bajada de precios del petróleo no es un motivo que haga desalentar el interés de las empresas por el fracking, puesto que en España la investigación se centra en el gas, cuyos precios de producción tienen una dinámica propia. "Lo relevante es que en Europa el gas cuesta entre 3 y 3,5 veces más caro que en Estados Unidos, y ha abaratado drásticamente el precio del gas que se está consumiendo", añade Alameda.

"La fase de exploración no debe verse afectada, porque se trata de proyectos a largo plazo", precisa Mariano Marzo, profesor de recursos energéticos de la UB. La previsión es abrir el primer pozo exploratorio en el 2016, con lo que, en el mejor de los casos, la explotación se llevaría a cabo dentro de tres o cinco años, cuando los precios de la producción ya habrá cambiado, añade.

Marzo opina que en todo caso el precio del petróleo sólo podría incidir en la prioridad que den las empresas a estas inversiones (dentro de los esquemas de crisis o recortes generales). Otras fuentes advierten, en cambio, que las sucesivas elecciones a lo largo de este año sí pueden condicionar las aprobación de los proyectos, siempre polémicos.

Los promotores se muestran convencidos de que, con la modificación de la ley de Hidrocarburos, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, los municipios y propietarios de terrenos cercanos a estos proyectos recibirán compensaciones económicas que servirán de incentivo para allanar el camino a estos proyectos. Esos ingresos para los ayuntamiento no sólo son los referidos impuestos municipales por la licencia de obras (un gravamen del 4% de una inversión estimada entre los 10 y los 20 millones de euros por pozo exploratorio). A esta cantidad se deberán añadir otras compensaciones. Así, cada pozo en tierra (ya sea de exploración o de producción) estará gravado con un canon de 125.000 euros. Además, el 1% de la producción se repartirá entre los propietarios de los terrenos situados sobre los yacimientos de los que se extraigan hidrocarburos.