Pagar por el sol

El proyecto de ley del sector eléctrico aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros está hecho a medida de las grandes empresas del sector y en perjuicio de la ciudadanía, la economía estatal y local y el medio ambiente. El paquete, criticado por las comisiones oficiales de expertos, contiene medidas tan escandalosas como el impuesto al autoconsumo a partir de renovables, disfrazado eufemísticamente como peaje de respaldo. Es necesaria una reforma eléctrica, pero muy distinta a la que impulsa el Ministerio de Industria.


El 12 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 9/2013, en el que se adoptaban medidas urgentes para la estabilidad financiera del sector eléctrico. Fue acompañado en pocos días de un anteproyecto de Ley para reformar el sector, 8 borradores de reales decretos y varios borradores de ordenes ministeriales. Un paquete normativo que, en su conjunto, es un ataque a la democracia, a la sociedad y al medio ambiente.


La pasada semana se aprobó el proyecto de Ley en el Consejo de Ministros, tras la fase de evaluación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). A pesar de las críticas de ambos organismos, se da luz verde a que comience el trámite parlamentario y pueda ser aprobado antes del 1 de enero de 2014, fecha que se ha marcado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

La Ley carga sobre las espaldas de los consumidores la nefasta regulación y la falta de planificación del sector, que acumula una deuda de 27.000 millones de euros pese a que las eléctricas siguen teniendo beneficios anuales de varios miles de millones. Se trata de que el consumidor pague sea como sea, de forma que desincentiva el ahorro y la eficiencia, e incrementará el número de personas que ya se encuentra en situación de pobreza energética

Pero también es una estocada a las energías renovables, tanto a los plantas en funcionamiento como a las nuevas plantas que se pudieran instalar en un futuro. El objetivo no es más que asegurar a las grandes empresas el control sobre un sector estratégico, como es el de la energía eléctrica, que en los últimos años había visto como nuevos actores entraban en juego, y que tenía dos problemas acuciantes a resolver: el descenso en el consumo y la posibilidad de que muchos consumidores generaran su propia energía, mediante sistemas de autoconsumo a partir de renovables, que ya son más baratos que consumir la electricidad de la red. Un escenario que las eléctricas no están dispuestas a asumir.
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