Nuclenor, podrá pedir una solicitud de renovación de la autorización de explotación antes del 6 de julio próximo, de acuerdo con el último borrador de Real Decreto .
Así, el Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos finalmente la fórmula de renovación de la autorización de explotación .
Hasta ahora, los anteriores borradores conocidos no recogían con exactitud la fórmula para la reapertura. De acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares vigente, una licencia de cese de explotación está encaminada al desmantelamiento, por lo que la fórmula posible era que Nuclenor solicitara una nueva autorización de explotación y siguiera los requerimientos que esto conlleva.
Así, el texto incorpora una disposición adicional primera que modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas de 1999, en la que modifica los artículos 5, 12, 20, 28, 36, 37 y agrega una disposición transitoria sexta que se refiere, precisamente, al caso en el que se encuentra la central burgalesa.
Concretamente, dicha disposición transitoria se refiere a las centrales que, una vez se apruebe este Real Decreto hubieran obtenido una declaración de cese definitivo de la explotación por razones distintas a las de seguridad nuclear o protección radiológica, podrán solicitar la renovación de la autorización de explotación, siempre que no hubiera llegado a transcurrir un año desde la obtención de declaración de cese.
De acuerdo con la modificación que el texto plantea del artículo 28 del Reglamento, el titular de una autorización de explotación deberá comunicar "al menos con un año de antelación a la fecha prevista, su intención de cesar la actividad para la que fue concebida la instalación.
Ese cese de actividad, según el proyecto tendrá carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de seguridad nuclear o de protección radiológica. Sin embargo, añade que cuando dicho cese "se haya producido por otras razones, el titular podrá solicitar la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que surta efectos a la declaración de cese.
PLAZOS
En nuevo texto "aclara" que la declaración de cese de actividad "supone una autorización de explotación en la que se establecen las condiciones a las que han de ajustarse las actividades a realizar en la instalación hasta disponer de la autorización de desmantelamiento" e introduce la posibilidad de su renovación después de dicho cese, "cuando éste haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica".
El documento precisa que el procedimiento a seguir será "el establecido para solicitar una renovación de la autorización de explotación", y deberá adjuntar la actualización de los correspondientes documentos, a lo que añadirá la documentación o requisitos adicionales que se determinen en cada caso, teniendo en cuenta la situación concreta de la instalación, los avances científicos y tecnológicos, el estado del arte de la normativa aplicable y la experiencia operativa propia y ajena acumulada durante el periodo de explotación de la instalación, así como otros aspectos relevantes para la seguridad.
"Transcurrido el citado plazo de un año sin que haya tenido lugar la solicitud, la declaración de cese adquirirá, igualmente, carácter definitivo", añade el texto.
Por ello, el proyecto modifica también el artículo 36, al añadir esta nueva posible situación que ahora se da en Garoña. De este modo, las instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear requerirán de autorización previa; de construcción; autorización de desmantelamiento y declaración de clausura o autorización de desmantelamiento y cierre y declaración de cierre y, en su caso, autorización de modificación y de cambio de titularidad.
Además, el Reglamento establece que en el caso de solicitud de renovación de autorización en las instalaciones el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear deberá remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al menos un mes ante de la fecha de caducidad de la autorización vigente, aunque esto no será de aplicación en el supuesto de renovación de la explotación del cese previsto en el apartado 1 del artículo 28.
La central nuclear de Garoña se rige en la actualidad por una orden ministerial de cese de explotación, que firmó el secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el 5 de julio de 2013, un día antes de que finalizara la licencia de operación de la central sin que esta pidiera, tal y como se habilitó entonces, una renovación de su vida. La planta comenzó a operar en 1970 y en 2009, cuando cumplía 40 años de vida útil obtuvo una nueva licencia condicionada hasta el 6 de julio de 2013. Nuclenor, su titular había solicitado una ampliación de su explotación hasta 2019.
GARANTÍAS PARA ASEGURAR EL DESMANTELAMIENTO
Asimismo, el borrador aumenta la exigencia de garantías en las previsiones de desmantelamiento y clausura o cierre, de modo que previo a la concesión de la autorización de explotación deberá ser constituida la garantía para garantizar las previsiones económicas y financieras de cara al desmantelamiento y clausura o cierre.
Para ello, el solicitante tendrá que acreditar "solvencia" financiera y aportar "garantías suficientes" que cubran los costes y contingencias que se pudieran derivar de los procesos de desmantelamiento y clausura o cierre de la instalación, incluso en caso de insolvencia, cese de actividad o cualquier otra contingencia.
Por otro lado, el proyecto actualiza algunas definiciones y precisa lo que se entiende por almacenamiento definitivo, temporal, autorización, cierre, combustible nuclear gastado, gestión de residuos radiactivos, gestión del combustible nuclear gastado; instalación de almacenamiento definitivo; instalación de gestión de combustible nuclear gastado; instalación de gestión de residuos radiactivos; reprocesamiento; residuos radiactivos y titular de la autorización.
Respecto a la responsabilidad sobre el combustible gastado y los residuos, el texto señala que los generadores o los titulares de autorizaciones instaurarán y aplicarán sistemas integrados de gestión, incluida la garantía de calidad, que otorguen la debida prioridad a la seguridad en la gestión global del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, y puedan ser objeto de verificación periódica".
Tanto el desmantelamiento y clausura de las instalaciones son un "servicio público esencial" que se reserva a la titularidad del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los generadores de estos materiales. Así, el Estado asumirá esta titularidad cuando se hay procedido a su almacenamiento definitivo y asumirá la vigilancia de las instalaciones de almacenamiento definitivo con posterioridad a su cierre.
Finalmente, el proyecto de Real Decreto actualiza el Plan General de Residuos Radiactivos para incorporar el marco exigido por la Directiva europea para tener en cuenta algunos preceptos en este sentido. Entre estos, modifica la regulación de las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) en lo relativo a la ordenación de sus actividades y su financiación.
Leer más...
jueves, 30 de enero de 2014
martes, 28 de enero de 2014
Califican de "una temeridad" que el Gobierno estudie ampliar la vida de las nucleares a 50 ó 60 años
Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran "una temeridad", "descabellado" y "poco realista" que el Gobierno se plantee ampliar la vida útil de las centrales nucleares de los 40 años actuales a 50 ó 60 años, tal y como ha asegurado el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).. Estos colectivos dicen una evidencia, pero no ponen el dedo en la llaga, pues piden que no decida el gobierno sino sus lacayos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Por eso desde Eguzki reflejamos lo que dicen estos colectivos, pero discrepamso y defendemos que sobre la muerte como es el riesgo de la energía nuclear, no cabe decisión política ni técnica que se imponga.
Además, insistimos en criticar el modelo energético, en el modelo de decisión en nuestro pueblo, y en la seguridad de Garoña y el resto de centrales nucleares del mundo.
El último Plan General de Residuos Radiactivos, de 2006, establece como escenario de referencia que las centrales nucleares españolas tengan 40 años de vida útil. El CSN afirma que España cuenta con seis instalaciones en explotación, de las cuales dos (Almaraz y Ascó) tienen dos unidades gemelas, es decir, cada dispone de dos reactores nucleares.
El coordinador del Área de Energía de Ecologistas en Acción, Rodrigo Irurzun, comentó que esta decisión, de llevarse a cabo, sería "una temeridad porque incrementará gravemente el riesgo de que se produzca un accidente serio".
"Hay que tener en cuenta que todos los años se producen varias decenas de incidentes por fallos de seguridad y muchas veces por errores humanos. Cuanto más obsoleta es una instalación, más fácil es que pase algo grave, más nos costará gestionar los residuos y el coste económico sería incalculable, con lo cual hay que dejar de producirlos cuanto antes", explicó.
Irurzun señaló que la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares se sustenta en que "no se va a construir ninguna en España porque son muy caras y hace falta mucho capital que hay que recuperar a largo plazo".
Sin embargo, destacó que la ampliación de la vida "no depende del Gobierno", sino del CSN, que renueva los permisos de funcionamiento según el estado de seguridad de las instalaciones. "Los criterios de seguridad en Europa son ahora más estrictos después del accidente de Fukushima de 2011. En general, la energía nuclear es insegura y cuanto más obsoletas son las instalaciones, más insegura es y más peligro hay", apostilló.
Por su parte, la responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, precisó que la ampliación de las centrales nucleares, "más allá de las declaraciones políticas de unos y otros, depende del Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo independiente".
Montón enmarcó las declaraciones de Gil-Ortega en "la propaganda de sacar este tema en los medios de comunicación ante el problemón del sistema eléctrico, con el problema del déficit de tarifa que el Gobierno es incapaz de corregir".
Subrayó que la Comisión Europea lanzó la pasada semana su propuesta energética hasta 2030 con el objetivo de que un 27% de la energía proceda de fuentes renovables, de manera que "la ampliación y la extensión del parque nuclear en Europa va en franco retroceso. La cosa en Europa, ni económica ni medioambientalmente, no va por la ampliación de la vida de las nucleares".
A este respecto, tildó de "descabellado y muy poco realista" que las centrales nucleares prolonguen su vida útil cuando, además, "las nuevas pruebas de resistencia que se han hecho en Europa tras el accidente de Fukushima o las nuevas necesidades de seguridad o de diseño de las centrales nucleares que se han construido en los últimos años distan mucho de las condiciones de seguridad y de entorno de las anteriores".
Ecologistas y EQUO muestran "total" rechazo a ampliar El Cabril (Córdoba) por el incremento de "riesgo" humano y natural
La organización Ecologistas en Acción y la formación política EQUO han manifestado su "total" rechazo a las pretensiones de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) de duplicar las celdas de almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) por el incremento del "riesgo" para las personas y ecosistemas que supone esta ampliación.
En un comunicado conjunto, Ecologistas y EQUO han expuesto que, según los planes de Enresa, el recinto almacenará los residuos procedentes de la actividad de las centrales nucleares del país, los resultantes del desmantelamiento de todas estas instalaciones y los que se pudieran derivar de posibles accidentes. Para ello, el ente estatal necesita al menos "cuadruplicar" la capacidad de las existentes en este momento en el cementerio nuclear de El Cabril, "y que están a punto de llenarse totalmente".
Para ambos colectivos, esta ampliación tendrá como consecuencia "miles de transportes de residuos radiactivos y cientos de miles de kilómetros recorridos por las carreteras españolas, con el consiguiente riesgo para la ciudadanía".
"Una importante fracción de estos transportes está formado por bidones radiantes; en caso de accidente, sin que tan siquiera sufrieran deterioro, la radiación que sufriría un menor de 18 años que los curioseara un solo minuto superaría la máxima dosis total permisible legalmente para un año", advierten.
Por otra parte, Ecologistas en Acción y EQUO lamentan que la decisión tomada en los últimos días por el Gobierno de prolongar la actividad de la central de Garoña "incrementará el riesgo de accidentes en la misma y la cantidad de basura radiactiva a gestionar". Ambas organizaciones afirman que "no es admisible el mercadeo del riesgo de los residuos por dinero" y que este riesgo se prolongará "no menos de 300 años", atentando a la salud de las futuras generaciones.
Han mantenido que se puede eliminar el riesgo que supone la actividad de las centrales nucleares y el incremento de residuos radiactivos con un modelo energético exclusivamente basado en fuentes renovables, "especialmente indicado en nuestro país por sus condiciones geográficas". Este nuevo modelo llevaría asociada la creación de un importante número de puestos de trabajo de alta calidad y de la liberación de la balanza de pagos de la "pesada" carga que suponen las importaciones energéticas.
Por último, Ecologistas en Acción y EQUO consideran la convocatoria de movilizaciones para expresar su rechazo a esta ampliación y a la propia existencia del cementerio nuclear de El Cabril.
Greenpeace insiste en priorizar "máxima seguridad" en El Cabril y cree que la ampliación suena "sólo a deseos"
La organización ecologista Greenpeace se ha posicionado sobre la duplicación de capacidad del almacén de residuos radiactivos de baja y media capacidad de El Cabril, en el término de Hornachuelos (Córdoba), anunciada por la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), incidiendo en la necesidad de priorizar la "máxima seguridad" y señalando que las pretensiones expuestas por el ente estatal suenan "sólo a deseos".
La portavoz estatal de Energía Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha precisado que dicho proyecto debe someterse a tramitaciones, entre otras de autorización ambiental, y a la participación pública en un proceso amparado por las directrices que marque el Consejo de Seguridad Nuclear.
"Son procedimientos que duran años", ha indicado Montón, que ha recordado que la duplicación de capacidad a la que ha aludido Enresa no es por ello "un mero trámite" y que, en este sentido, "no está todo dicho", puesto que "si el Consejo de Seguridad Nuclear encuentra algún tipo de incumplimiento en materia de seguridad, y ya en otras ocasiones ha aludido a algunas carencias, podría no llevarse a cabo esta iniciativa".
En cualquier caso, la portavoz de Greenpeace ha recordado que cualquier proyecto de esta índole debe estar sometido a "todas las consideraciones medioambientales y el máximo de seguridad", y ha defendido que "la solución real y cierta a estas problemáticas es, en primer lugar, dejar de producir estos residuos, tal y como venimos defendiendo desde hace años en una demanda histórica".
"Lo que hay que hacer mientras la industria nuclear no encuentre una solución es almacenarlos de la forma más segura", ha agregado Montón, mostrándose partidaria de que los residuos no se desplacen mucho más allá del sitio donde se producen, para no someterlos a ningún potencial accidente logístico.
Según ha asegurado, todo se traduce en una cuestión económica, puesto que "cuanto mayor es la seguridad más caro resulta para el que realiza el proyecto", si bien "mantenemos esa exigencia máxima en todos los casos, y más aún en los de residuos radiactivos".
Para Montón, lo expuesto por Enresa "suena a hablar muy a futuro, a intentar mover algo sin fundamentos, con una necesidad basada en nada", recordando además que el Plan de Gestión de Residuos de España "no prevé una ampliación de El Cabril al doble de su capacidad
Leer más...
Por eso desde Eguzki reflejamos lo que dicen estos colectivos, pero discrepamso y defendemos que sobre la muerte como es el riesgo de la energía nuclear, no cabe decisión política ni técnica que se imponga.
Además, insistimos en criticar el modelo energético, en el modelo de decisión en nuestro pueblo, y en la seguridad de Garoña y el resto de centrales nucleares del mundo.
El último Plan General de Residuos Radiactivos, de 2006, establece como escenario de referencia que las centrales nucleares españolas tengan 40 años de vida útil. El CSN afirma que España cuenta con seis instalaciones en explotación, de las cuales dos (Almaraz y Ascó) tienen dos unidades gemelas, es decir, cada dispone de dos reactores nucleares.
El coordinador del Área de Energía de Ecologistas en Acción, Rodrigo Irurzun, comentó que esta decisión, de llevarse a cabo, sería "una temeridad porque incrementará gravemente el riesgo de que se produzca un accidente serio".
"Hay que tener en cuenta que todos los años se producen varias decenas de incidentes por fallos de seguridad y muchas veces por errores humanos. Cuanto más obsoleta es una instalación, más fácil es que pase algo grave, más nos costará gestionar los residuos y el coste económico sería incalculable, con lo cual hay que dejar de producirlos cuanto antes", explicó.
Irurzun señaló que la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares se sustenta en que "no se va a construir ninguna en España porque son muy caras y hace falta mucho capital que hay que recuperar a largo plazo".
Sin embargo, destacó que la ampliación de la vida "no depende del Gobierno", sino del CSN, que renueva los permisos de funcionamiento según el estado de seguridad de las instalaciones. "Los criterios de seguridad en Europa son ahora más estrictos después del accidente de Fukushima de 2011. En general, la energía nuclear es insegura y cuanto más obsoletas son las instalaciones, más insegura es y más peligro hay", apostilló.
Por su parte, la responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, precisó que la ampliación de las centrales nucleares, "más allá de las declaraciones políticas de unos y otros, depende del Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo independiente".
Montón enmarcó las declaraciones de Gil-Ortega en "la propaganda de sacar este tema en los medios de comunicación ante el problemón del sistema eléctrico, con el problema del déficit de tarifa que el Gobierno es incapaz de corregir".
Subrayó que la Comisión Europea lanzó la pasada semana su propuesta energética hasta 2030 con el objetivo de que un 27% de la energía proceda de fuentes renovables, de manera que "la ampliación y la extensión del parque nuclear en Europa va en franco retroceso. La cosa en Europa, ni económica ni medioambientalmente, no va por la ampliación de la vida de las nucleares".
A este respecto, tildó de "descabellado y muy poco realista" que las centrales nucleares prolonguen su vida útil cuando, además, "las nuevas pruebas de resistencia que se han hecho en Europa tras el accidente de Fukushima o las nuevas necesidades de seguridad o de diseño de las centrales nucleares que se han construido en los últimos años distan mucho de las condiciones de seguridad y de entorno de las anteriores".
Ecologistas y EQUO muestran "total" rechazo a ampliar El Cabril (Córdoba) por el incremento de "riesgo" humano y natural
La organización Ecologistas en Acción y la formación política EQUO han manifestado su "total" rechazo a las pretensiones de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) de duplicar las celdas de almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) por el incremento del "riesgo" para las personas y ecosistemas que supone esta ampliación.
En un comunicado conjunto, Ecologistas y EQUO han expuesto que, según los planes de Enresa, el recinto almacenará los residuos procedentes de la actividad de las centrales nucleares del país, los resultantes del desmantelamiento de todas estas instalaciones y los que se pudieran derivar de posibles accidentes. Para ello, el ente estatal necesita al menos "cuadruplicar" la capacidad de las existentes en este momento en el cementerio nuclear de El Cabril, "y que están a punto de llenarse totalmente".
Para ambos colectivos, esta ampliación tendrá como consecuencia "miles de transportes de residuos radiactivos y cientos de miles de kilómetros recorridos por las carreteras españolas, con el consiguiente riesgo para la ciudadanía".
"Una importante fracción de estos transportes está formado por bidones radiantes; en caso de accidente, sin que tan siquiera sufrieran deterioro, la radiación que sufriría un menor de 18 años que los curioseara un solo minuto superaría la máxima dosis total permisible legalmente para un año", advierten.
Por otra parte, Ecologistas en Acción y EQUO lamentan que la decisión tomada en los últimos días por el Gobierno de prolongar la actividad de la central de Garoña "incrementará el riesgo de accidentes en la misma y la cantidad de basura radiactiva a gestionar". Ambas organizaciones afirman que "no es admisible el mercadeo del riesgo de los residuos por dinero" y que este riesgo se prolongará "no menos de 300 años", atentando a la salud de las futuras generaciones.
Han mantenido que se puede eliminar el riesgo que supone la actividad de las centrales nucleares y el incremento de residuos radiactivos con un modelo energético exclusivamente basado en fuentes renovables, "especialmente indicado en nuestro país por sus condiciones geográficas". Este nuevo modelo llevaría asociada la creación de un importante número de puestos de trabajo de alta calidad y de la liberación de la balanza de pagos de la "pesada" carga que suponen las importaciones energéticas.
Por último, Ecologistas en Acción y EQUO consideran la convocatoria de movilizaciones para expresar su rechazo a esta ampliación y a la propia existencia del cementerio nuclear de El Cabril.
Greenpeace insiste en priorizar "máxima seguridad" en El Cabril y cree que la ampliación suena "sólo a deseos"
La organización ecologista Greenpeace se ha posicionado sobre la duplicación de capacidad del almacén de residuos radiactivos de baja y media capacidad de El Cabril, en el término de Hornachuelos (Córdoba), anunciada por la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), incidiendo en la necesidad de priorizar la "máxima seguridad" y señalando que las pretensiones expuestas por el ente estatal suenan "sólo a deseos".
La portavoz estatal de Energía Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha precisado que dicho proyecto debe someterse a tramitaciones, entre otras de autorización ambiental, y a la participación pública en un proceso amparado por las directrices que marque el Consejo de Seguridad Nuclear.
"Son procedimientos que duran años", ha indicado Montón, que ha recordado que la duplicación de capacidad a la que ha aludido Enresa no es por ello "un mero trámite" y que, en este sentido, "no está todo dicho", puesto que "si el Consejo de Seguridad Nuclear encuentra algún tipo de incumplimiento en materia de seguridad, y ya en otras ocasiones ha aludido a algunas carencias, podría no llevarse a cabo esta iniciativa".
En cualquier caso, la portavoz de Greenpeace ha recordado que cualquier proyecto de esta índole debe estar sometido a "todas las consideraciones medioambientales y el máximo de seguridad", y ha defendido que "la solución real y cierta a estas problemáticas es, en primer lugar, dejar de producir estos residuos, tal y como venimos defendiendo desde hace años en una demanda histórica".
"Lo que hay que hacer mientras la industria nuclear no encuentre una solución es almacenarlos de la forma más segura", ha agregado Montón, mostrándose partidaria de que los residuos no se desplacen mucho más allá del sitio donde se producen, para no someterlos a ningún potencial accidente logístico.
Según ha asegurado, todo se traduce en una cuestión económica, puesto que "cuanto mayor es la seguridad más caro resulta para el que realiza el proyecto", si bien "mantenemos esa exigencia máxima en todos los casos, y más aún en los de residuos radiactivos".
Para Montón, lo expuesto por Enresa "suena a hablar muy a futuro, a intentar mover algo sin fundamentos, con una necesidad basada en nada", recordando además que el Plan de Gestión de Residuos de España "no prevé una ampliación de El Cabril al doble de su capacidad
Leer más...
jueves, 23 de enero de 2014
La Comisión Europea renuncia a legislar sobre fracking y se limita a recomendar estudios de impacto
La Comisión Europea renunció a legislar sobre la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica (fracking), tal y como reclamaban la Eurocámara y los ecologistas, y se limitó a aprobar una serie de recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros para que estudien el impacto medioambiental de estas iniciativas y mejoren la transparencia para los ciudadanos Las recomendaciones sobre fracking (extracción de gas mediante la facturación de rocas) forman parte del paquete de medidas sobre clima y energía presentadas por el Ejecutivo comunitario. Bruselas justificó la falta de legislación porque se le pidió actuar de forma urgente y las recomendaciones pueden aplicarse de forma más rápida. Se imponen así las tesis de los países más favorables al gas no convencional, como Reino Unido o Polonia, que rechazaban la intervención de la Unión Europea.
La experiencia en la Unión Europea es limitada y se restringe en su mayoría al denominado "fracking de bajo volumen", aunque su amplia utilización en Estados Unidos está haciendo que muchos operadores evalúen la extracción "de alto volumen" en Europa.
A diferencia de Estados Unidos, donde la "revolución" del fracking redujo considerablemente su dependencia energética, en Europa todavía no hay producción comercial de gas pizarra. Un total de 10 Estados miembros concedieron licencias de prospección o exploración en los últimos tres años, entre ellos España, pero estos trabajos sólo se iniciaron en Dinamarca, Alemania, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido, aunque por el momento no hay producción comercial del mismo, según los datos de Bruselas. Asimismo, también se concedieron licencias para este tipo de extracción también en Hungría, Holanda y Portugal.
En Polonia ya se realizaron pruebas piloto de producción y el Ejecutivo comunitario consideró que la producción podría empezar entre 2015 y 2017 en países como la propia Polonia o Reino Unido.
"El gas pizarra está dando esperanzas en algunas partes de Europa, pero también es motivo de preocupación entre la opinión pública", dijo el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik.
"La Comisión está respondiendo a los llamamientos para actuar con principios mínimos que los Estados miembros están invitados a seguir para abordar las preocupaciones en materia de medio ambiente y salud y dar a los operadores e inversores la predictibilidad que necesitan", se justificó ante la falta de normas de obligado cumpliendo.
En particular, la recomendación de Bruselas invita en primer lugar a los Estados miembros a planificar con antelación los desarrollos y evaluar posibles efectos acumulativos antes de conceder licencias, así como a examinar cuidadosamente los impactos y riesgos medioambientales de las explotaciones. Deberán garantizar además que la integridad del pozo de extracción se ajusta a los estándares más altos de buenas prácticas.
El Ejecutivo comunitario recomendó además a los Gobiernos verificar la calidad del suelo, el aire y el agua del lugar antes de que empiecen las operaciones, con el objetivo de controlar cualquier cambio y poder hacer frente a los riesgos que se planteen. También planteó controlar las emisiones de gases nocivos al aire, incluyendo los de gases de efecto invernadero, capturando los gases.
Por lo que se refiere a la transparencia, los Gobiernos deberán informar a la opinión pública sobre las sustancias químicas utilizadas en cada pozo de extracción y deberán controlar que los operadores apliquen las mejores prácticas durante todo el proyecto.
Los Estados miembros deberán aplicar los principios sugeridos por la Comisión en un plazo de seis meses y, a partir de diciembre de 2014, informar cada año a Bruselas sobre las medidas que hayan puesto en marcha. El Ejecutivo comunitario controlará la aplicación de las recomendaciones con un marcador público que comparará la actuación de los diferentes países. Y en un plazo de 18 meses revisará si este enfoque es suficiente o se requiere legislación.
A pesar de admitir los "retos" medioambientales del fracking, como la contaminación del entorno, reconoció sus potenciales beneficios para reducir la dependencia energética de Europa y para generar ingresos públicos.
En concreto, destacó que la producción no convencional de gas natural a partir de gas esquisto podría compensar la caída en la producción convencional: en el mejor de los casos podría cubrir un 10% de la demanda total de gas en 2035.
Las actividades relacionadas con el gas esquisto podrían generar además beneficios, por ejemplo, a través de inversiones en infraestructura, oportunidades de empleo, e ingresos vía impuestos, según Bruselas.
De ahí, que el documento busque también sentar las bases para garantizar la igualdad de condiciones en esta industria y establecer un marco más claro para los inversores.
El Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo criticó que la Comisión haya eludido establecer una legislación con límites al fracking y pidió que se suspendan todas las exploraciones y extracciones de gas de esquisto hasta que esté regulado a nivel comunitario.
"La incapacidad de la Comisión de proponer la regulación vinculante de la Unión Europea no sólo es imprudente, sino que es potencialmente catastrófica, todos los Estados miembros deben adoptar medidas de emergencia, suspender las actividades en curso y establecer una moratoria sobre nuevos proyectos", dijo la eurodiputada francesa Sandrine Belier.
Leer más...
La experiencia en la Unión Europea es limitada y se restringe en su mayoría al denominado "fracking de bajo volumen", aunque su amplia utilización en Estados Unidos está haciendo que muchos operadores evalúen la extracción "de alto volumen" en Europa.
A diferencia de Estados Unidos, donde la "revolución" del fracking redujo considerablemente su dependencia energética, en Europa todavía no hay producción comercial de gas pizarra. Un total de 10 Estados miembros concedieron licencias de prospección o exploración en los últimos tres años, entre ellos España, pero estos trabajos sólo se iniciaron en Dinamarca, Alemania, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido, aunque por el momento no hay producción comercial del mismo, según los datos de Bruselas. Asimismo, también se concedieron licencias para este tipo de extracción también en Hungría, Holanda y Portugal.
En Polonia ya se realizaron pruebas piloto de producción y el Ejecutivo comunitario consideró que la producción podría empezar entre 2015 y 2017 en países como la propia Polonia o Reino Unido.
"El gas pizarra está dando esperanzas en algunas partes de Europa, pero también es motivo de preocupación entre la opinión pública", dijo el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik.
"La Comisión está respondiendo a los llamamientos para actuar con principios mínimos que los Estados miembros están invitados a seguir para abordar las preocupaciones en materia de medio ambiente y salud y dar a los operadores e inversores la predictibilidad que necesitan", se justificó ante la falta de normas de obligado cumpliendo.
En particular, la recomendación de Bruselas invita en primer lugar a los Estados miembros a planificar con antelación los desarrollos y evaluar posibles efectos acumulativos antes de conceder licencias, así como a examinar cuidadosamente los impactos y riesgos medioambientales de las explotaciones. Deberán garantizar además que la integridad del pozo de extracción se ajusta a los estándares más altos de buenas prácticas.
El Ejecutivo comunitario recomendó además a los Gobiernos verificar la calidad del suelo, el aire y el agua del lugar antes de que empiecen las operaciones, con el objetivo de controlar cualquier cambio y poder hacer frente a los riesgos que se planteen. También planteó controlar las emisiones de gases nocivos al aire, incluyendo los de gases de efecto invernadero, capturando los gases.
Por lo que se refiere a la transparencia, los Gobiernos deberán informar a la opinión pública sobre las sustancias químicas utilizadas en cada pozo de extracción y deberán controlar que los operadores apliquen las mejores prácticas durante todo el proyecto.
Los Estados miembros deberán aplicar los principios sugeridos por la Comisión en un plazo de seis meses y, a partir de diciembre de 2014, informar cada año a Bruselas sobre las medidas que hayan puesto en marcha. El Ejecutivo comunitario controlará la aplicación de las recomendaciones con un marcador público que comparará la actuación de los diferentes países. Y en un plazo de 18 meses revisará si este enfoque es suficiente o se requiere legislación.
A pesar de admitir los "retos" medioambientales del fracking, como la contaminación del entorno, reconoció sus potenciales beneficios para reducir la dependencia energética de Europa y para generar ingresos públicos.
En concreto, destacó que la producción no convencional de gas natural a partir de gas esquisto podría compensar la caída en la producción convencional: en el mejor de los casos podría cubrir un 10% de la demanda total de gas en 2035.
Las actividades relacionadas con el gas esquisto podrían generar además beneficios, por ejemplo, a través de inversiones en infraestructura, oportunidades de empleo, e ingresos vía impuestos, según Bruselas.
De ahí, que el documento busque también sentar las bases para garantizar la igualdad de condiciones en esta industria y establecer un marco más claro para los inversores.
El Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo criticó que la Comisión haya eludido establecer una legislación con límites al fracking y pidió que se suspendan todas las exploraciones y extracciones de gas de esquisto hasta que esté regulado a nivel comunitario.
"La incapacidad de la Comisión de proponer la regulación vinculante de la Unión Europea no sólo es imprudente, sino que es potencialmente catastrófica, todos los Estados miembros deben adoptar medidas de emergencia, suspender las actividades en curso y establecer una moratoria sobre nuevos proyectos", dijo la eurodiputada francesa Sandrine Belier.
Leer más...
domingo, 19 de enero de 2014
NOCIVIDAD, DEFENSA DEL TERRITORIO Y CRISIS
Urtarrilaren 20tik 24era, Miquel Amorosek Euskal Herrian hitzaldi bira bat egingo du, “Nocividad, defensa del territorio y crisis” izenburupean. Bide batez, “Argelaga” aldizkari antidesarrollista eta libertarioa aurkeztuko digu, argitalpen hortan lankide duen Joan adiskidearekin batera. Aldizkari horrek borroka antidesarrollistak eta lurraldearen merkantilizazioaren kontrako erresistentziak jorratzen ditu: azken zenbakian aipagai dira, besteak beste, AHTren aurkako borrokaren errepresioa, moneta sozialarekiko ikuspegi kritikoa, Simone Weil eta marxismoa, Jose Ardilloren “La repoblación” liburua, Euskal Herrian makro-espetxeen aurkako borroka, e.a. (informazio gehiago: argelaga.wordpress.com).
Asteartea 21:
GASTEIZEN, 7’30etan “Zapateneo”n (Zapateria kalea, 93).
.
Leer más...
Asteartea 21:
GASTEIZEN, 7’30etan “Zapateneo”n (Zapateria kalea, 93).
.
Leer más...
sábado, 18 de enero de 2014
Carreras de montaña: al filo de lo insostenible
La proliferación de competiciones y deportistas en espacios de protección especial provoca una fuerte polémica | Los parques naturales autorizan la avalancha de deportistas sin haber definido los planes de uso
La proliferación de carreras de montaña en las que participan centenares de deportistas en espacios naturales protegidos empieza a ser una amenaza para algunos de estos enclaves. Ésta es la alerta que lanzan algunos expertos ante el vacío legal existente. España cuenta con infinidad de espacios naturales protegidos, pero las avalanchas de deportistas son autorizadas sin que los parques naturales cuenten con un plan rector de uso y gestión, el instrumento de planificación que establece las normas para zonificar sus usos.
Esto saldra en la pagina al pulsar leer mas Las carreras de montaña viven un éxito fulgurante . El número de competiciones y participantes crece y crece, catapultado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme), clubs, empresas y particulares involucrados en su organización. Gozar de la naturaleza era, antes, sinónimo de excursión relajada. Pero hoy los deportistas entran en los espacios naturales para recorrerlos de cabo a rabo a toda velocidad.
“Es previsible que el conflicto entre el uso y la protección de la naturaleza vaya en aumento, teniendo en cuenta que cada vez hay más corredores y más carreras de montaña que congregan a miles de personas”, señala Manuel Oñorbe Esparraguera, consultor de medio ambiente y corredor de montaña, cuyas críticas han tenido gran eco en las redes sociales.
“Lo novedoso es que muchas iniciativas concentran la competición en lugares difíciles y aislados pero buscando territorios de gran valor biológico”, destaca Roberto Hartasánchez, director de la Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas).
Las alarmas se encendieron el 13 de septiembre, en la carrera Desafío Oso Somiedo en el parque natural de Somiedo. Fapas denunció que en el itinerario los deportistas podían toparse con los osos; y tras su denuncia a la Fiscalía, ésta obligó a los organizadores a modificar el itinerario. En cambio, la Fundació Oso Pardo apoyó el recorrido a juzgarlo compatible con la protección del gran mamífero.
Uso mercantil
El fenómeno ha irrumpido con fuerza, lo que ha permitido también alimentar una nueva actividad económica. “Esta es una oportunidad de ganar mucho dinero; es un negocio”, recuerda Josep Maria Mallarach”, experto en gestión de la naturaleza yprofesor de master de espacios naturales en la Universidad Autónoma de Madrid. En estas competiciones, participan en ocasiones centenares e, incluso, miles de personas. El aficionado que no hace la reserva con suficientes antelación se queda sin participar en la competición y en otras ocasiones las plazas se agotan en cuestión de horas. Toda esta movilización seduce además a las empresas patrocinadoras, “por lo que estamos antes una utilización mercantil de un espacio natural, con la justificación de un actividad deportiva”, sentencia Hartasánchez, el director de Fapas.
Para obtener los permisos, los organizadores sólo requieren la presentación de un dossier de la prueba y, en contadas ocasiones, la Administración hace alguna consideración o modifica el recorrido, señala Manuel Oñorbe. Hartasánchez sostiene que estas competiciones, con asistencia masivas “pueden tener impactos ambientales negativos”, puesto en muchos casos se abren nuevas rutas (atajos en la carrera). “Hablamos de cientos de personas que se mueven en grupos que irrumpen del golpe en un punto concreto haciendo mucho ruido”, dice.
Polémica en Aragón
Las críticas se dirigen hacia las carreras de montaña del Pirineo aragonés (el Gran Trail del Aneto-Posets), que se celebran en julio. Las del año pasado incluyeron tres competiciones, con una partición de 3.000 plazas en dos días, y se desarrolló en seis espacios naturales (entre ellos, el monumento natural Glaciar Posets o el parque natural Posets-Maladeta). Erosión del suelo, pérdidas y daños en la vegetación por pisoteo, molestias en la fauna son algunos de impactos que podrían darse.
Para la edición del 2014, se han reducido los cupos en dos pruebas, pero no había un límite de plazas para el Maratón de Las Tucas (aunque tras conocer las quejas por este diario, José Luis Hernández, gerente de la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque, la entidad promotora, subsanó al instante el “fallo de la página web” y fijó 1.500 plazas).
Precisamente, la Diputación General de Aragón replicó que las carreras en los espacios protegidos requieren una autorización del órgano ambiental (decreto del 2005); pero admitió que aún no está aprobado definitivamente el plan rector de uso y gestión del parque natural Posets-Maladeta, encargado de introducir modificaciones en el itinerario o establecer las garantías para corregir los daños que pueden ocasionarse en el medio natural (incluida la limpieza posterior de la actividad). A estos efectos se podrá solicitar el depósito de una fianza. La redacción del Plan rector de uso y gestión está en la fase final, sólo pendiente del informe del consejo.
La opinión de la Federación
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) sostiene que cuando las carreras se hacen con el reglamento de esta entidad, “se toman medidas que se cumplen a rajatabla”. Así, una vez celebrada la competición, “en la zona no quede ni rastro”. La Fedme pone a los organizadores condiciones sobre señalización o la recogida de residuo, y obliga a seguir un sendero de forma obligatoria, bajo amenaza de sanción. Además en el2013 se introdujo la figura del árbitro ambiental, que realiza un informe al acabar la prueba. El año 2013 se ha introducido la figura del “árbitro ambiental”, que realiza un informe al finalizar la prueba para comprobar si han existido afecciones al medio ambiente, fundamentalmente de basura o restos de señalización. La Fedme señala también que en algunas pruebas se pacta incluso con los organizadores una limitación de los participantes. “Pensamos que en todo esto (el daño ambiental) hay más ruido que nueces”, señala el portavoz de la Fedme, para quien la excepción puede darse en las carreras privadas promovidas por deportistas no federados, particulares o empresas, “en las que sí se pueden haber dado impactos”. La Federación ha publicado un estudio sobre la incidencia socioeconómica y ambiental de las carreras de montaña por el medio rural y natural, en el que se establecen, entre otras cuestiones, una serie de recomendaciones de interés para los organizadores, tanto en relación con las posibilidades de aprovechar la prueba para el desarrollo rural como para prevenir los impactos medioambientales en el recorrido.
Evaluación ambiental
Manuel Oñorbe señala que en los informes sobre las carreras de montaña se centran en los residuos generados, “pero no analizan otros elementos, como las afecciones en el suelo, la fauna, la flora o los espacios naturales”. Este experto pide que cuando el recorrido atraviese zonas sensibles se elaboren informes preventivos –evaluables por la Administración– para justificar que la prueba no afecta al medio ambiente y valorar la capacidad de carga para limitar las plazas. “Cada vez, hay más sensibilidad sobre la protección de los espacios ante estas competiciones, pero se necesita una regulación de las actividades al aire libre en el medio natural”, dice Jordi García Petit, director del parque natural del Cadí, en donde se celebra la popular Ultra Trail Cavalls del Vent (83 km) y conocida por sus estrictas medidas para prevenir los daños en el parque.
El parque natural del Cadí-Moixeró solicita, como condición para que se pueda celebrar una carrera, que no exceda determinados límites y se siga un itinerario señalizado por la red de senderos habitual. No se pueden atravesar zonas sensibles y únicamente se pueden celebrar en épocas del año en que afecte menos a la flora y la fauna, lo que significa que principalmente están acotadas de septiembre a noviembre.
Y vetos en la carrera de Castellón
Tico Cervera, director de la carrera del parque natural Penyagolosa (Castellón), dice que los cuidados se están extremando. “Desde el año pasado ya no damos vaso; cada uno se lo debe traer”, cita como ejemplo. El año pasado, acataron el veto de la Administración, que les impidió pasar por una microrreserva de flora y este año no podrán encaramarse al pico de Penyagolosa, como querían.
Sergio Garasa Mayayo, editor de la web especializada carrerasdemontana.com, sostiene que las carreras ayudan a promover el desarrollo rural sostenible. “Las bicis de montaña o los vehículos a motor tienen mayor impacto que el trotar a pie, obviamente. La actividad de correr largo por la montaña no es hoy ningún negocio, sino una pasión compartida por muchos enamorados del monte. Somos los primeros en querer respetar la Naturaleza", explica Sergio Garasa Mayayo.
"Nada como oír tus pasos en el bosque"
El afán de superación multiplica el número de adeptos al ultrafondo de montaña
Sebas Guim (39 años) relata sus vivencias en su magnífico blog Tornaracorrer.blogspot.com. Habla de amaneceres en el bosque, de la soledad de la larga distancia, del reto de enfrentarse a 50 kilómetros de trote entre piedras, riachuelos y abetos. "Si me sorprende la noche, las sensaciones se transforman -dice-. El mundo se reduce al halo de luz de tu frontal. Sientes el silencio y sólo escuchas el viento. No hay nada como oír tus pasos en el bosque. A veces parece que viene alguien, pero no es así. Y mientras corres, piensas en cómo te va la vida".
Guim, que ha sido atleta de pista y atleta de ruta, e incluso ha disputado el popular Marathon des Sables (cerca de 230 kilómetros por el desierto del Sáhara en seis días), decidió convertirse en atleta de montaña hace dos años, al advertir que su organismo -y básicamente su musculatura- ya no soportaba las intensas cargas de entrenamiento que exigen las pruebas en asfalto. "Si iba muy deprisa, a ritmos próximos a tres minutos y medio por kilómetro, se me rompía el isquiotibial. La montaña es distinta: vas más despacio, los pasos son más cortos, y está el bosque...".
A Miquel Llevat (42, miembro del equipo Corremonts de Matadepera, cuenta con ayudas de Clarou y Sport HG) le han atrapado similares sensaciones. Corría en ruta, en busca de un buen resultado. "Era un yonqui del cronómetro", recuerda. Hasta que Paski, su cuñado, se lo llevó montaña arriba un buen día del año 2000. "Entonces había pocas carreras de este tipo y pocos practicantes -recuerda-. Pero no importaba. Fui entrando en el mundo del senderismo, incluso del trekking, y luego evolucioné hacia las carreras de ultrafondo. Desde el 2009, me marco un reto al año. Por ejemplo, en este 2014 disputaré una prueba de 80 kilómetros en el extranjero. Será en un lugar muy lejano, pero me reservo el destino (es un secreto para su mujer y sus dos hijos)".
-Pero ¿qué te lleva a la montaña? ¿Qué la hace diferente? -se le pregunta.
-Entre otras cosas, que ahí arriba el cronómetro no te agobia. Cuando disputas una prueba en ruta, ves mucho estrés en el cajón. Empujones para arrancar, codazos. Y si te caes, te pisarán. En la montaña, no va de cinco minutos. Los escenarios son preciosos. Y nadie me obliga a mantener un ritmo constante, algo que me aburre. El mejor momento se produce de madrugada, cuando sales ahí fuera, con todo oscuro. Miras adelante y te dices: este es mi espacio. ¡Qué maravilla...!/Sergio Heredia
ANÁLISIS
Menos y con menos corredores M. empezó a correr a principios de los años ochenta. Aunque ya entonces había pruebas de montaña, lo suyo era el asfalto. El atletismo popular irrumpía como un fenómeno urbano importado de EE.UU., y ciudades cosmopolitas como Barcelona se apuntaron con entusiasmo a la nueva tendencia. Así que M. empezó a triturar sus gemelos en larguísimas carreras sobre suelo duro.
Fue a principios de los noventa cuando intuyó que se imponía un cambio. Había una razón objetiva: correr sobre el suelo blando de la montaña dañaría menos su maltrecha musculatura. Y una segunda sólo intuida: sobre un piso regular como el asfalto -no digamos ya las cintas- siempre se golpea en el mismo punto, por lo que parece más indicado un impacto más irregular. Así que se lanzó a correr por el monte. Ahora siente nostalgia de aquellas carreras en Catalunya o en el Pirineo francés, cuando recién tomada la salida ya tenía la sola compañía del bosque, tan pocos eran los corredores inscritos. Aquella afición a un deporte tan minoritario tenía una ventaja adicional, y es que podía demorar hasta el mismo día de la carrera la decisión de inscribirse, en función de cómo había transcurrido la semana.
Hoy, M. ha pasado de ser un corredor a ser un patrocinador de carreras. Es decir, como consecuencia del auge de las pruebas de montaña, se ve obligado a inscribirse con semanas de antelación. Y eso supone que muchas veces, por causa laboral, familiar o de salud deportiva, deba renunciar a correr pruebas ya pagadas.
Pero no le importa. Es más, cuando lea el artículo adjunto, pensará que el sentido común obligará a limitar el impacto de las carreras en el monte. Ha de haber menos y con menos corredores, aunque ello suponga tener que inscribirse con meses de antelación. Tampoco será tan grave. En definitiva, los 15 o 20 euros que paga por no correr son una forma de colaborar con la sociedad civil deportiva que promueve las carreras. A M. le duelen más, por ejemplo, los 2.814 euros que constituyen su aportación forzosa, en tanto que contribuyente, al rescate del sistema bancario./Miquel Molina
Leer más...
La proliferación de carreras de montaña en las que participan centenares de deportistas en espacios naturales protegidos empieza a ser una amenaza para algunos de estos enclaves. Ésta es la alerta que lanzan algunos expertos ante el vacío legal existente. España cuenta con infinidad de espacios naturales protegidos, pero las avalanchas de deportistas son autorizadas sin que los parques naturales cuenten con un plan rector de uso y gestión, el instrumento de planificación que establece las normas para zonificar sus usos.
Esto saldra en la pagina al pulsar leer mas Las carreras de montaña viven un éxito fulgurante . El número de competiciones y participantes crece y crece, catapultado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme), clubs, empresas y particulares involucrados en su organización. Gozar de la naturaleza era, antes, sinónimo de excursión relajada. Pero hoy los deportistas entran en los espacios naturales para recorrerlos de cabo a rabo a toda velocidad.
“Es previsible que el conflicto entre el uso y la protección de la naturaleza vaya en aumento, teniendo en cuenta que cada vez hay más corredores y más carreras de montaña que congregan a miles de personas”, señala Manuel Oñorbe Esparraguera, consultor de medio ambiente y corredor de montaña, cuyas críticas han tenido gran eco en las redes sociales.
“Lo novedoso es que muchas iniciativas concentran la competición en lugares difíciles y aislados pero buscando territorios de gran valor biológico”, destaca Roberto Hartasánchez, director de la Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas).
Las alarmas se encendieron el 13 de septiembre, en la carrera Desafío Oso Somiedo en el parque natural de Somiedo. Fapas denunció que en el itinerario los deportistas podían toparse con los osos; y tras su denuncia a la Fiscalía, ésta obligó a los organizadores a modificar el itinerario. En cambio, la Fundació Oso Pardo apoyó el recorrido a juzgarlo compatible con la protección del gran mamífero.
Uso mercantil
El fenómeno ha irrumpido con fuerza, lo que ha permitido también alimentar una nueva actividad económica. “Esta es una oportunidad de ganar mucho dinero; es un negocio”, recuerda Josep Maria Mallarach”, experto en gestión de la naturaleza yprofesor de master de espacios naturales en la Universidad Autónoma de Madrid. En estas competiciones, participan en ocasiones centenares e, incluso, miles de personas. El aficionado que no hace la reserva con suficientes antelación se queda sin participar en la competición y en otras ocasiones las plazas se agotan en cuestión de horas. Toda esta movilización seduce además a las empresas patrocinadoras, “por lo que estamos antes una utilización mercantil de un espacio natural, con la justificación de un actividad deportiva”, sentencia Hartasánchez, el director de Fapas.
Para obtener los permisos, los organizadores sólo requieren la presentación de un dossier de la prueba y, en contadas ocasiones, la Administración hace alguna consideración o modifica el recorrido, señala Manuel Oñorbe. Hartasánchez sostiene que estas competiciones, con asistencia masivas “pueden tener impactos ambientales negativos”, puesto en muchos casos se abren nuevas rutas (atajos en la carrera). “Hablamos de cientos de personas que se mueven en grupos que irrumpen del golpe en un punto concreto haciendo mucho ruido”, dice.
Polémica en Aragón
Las críticas se dirigen hacia las carreras de montaña del Pirineo aragonés (el Gran Trail del Aneto-Posets), que se celebran en julio. Las del año pasado incluyeron tres competiciones, con una partición de 3.000 plazas en dos días, y se desarrolló en seis espacios naturales (entre ellos, el monumento natural Glaciar Posets o el parque natural Posets-Maladeta). Erosión del suelo, pérdidas y daños en la vegetación por pisoteo, molestias en la fauna son algunos de impactos que podrían darse.
Para la edición del 2014, se han reducido los cupos en dos pruebas, pero no había un límite de plazas para el Maratón de Las Tucas (aunque tras conocer las quejas por este diario, José Luis Hernández, gerente de la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque, la entidad promotora, subsanó al instante el “fallo de la página web” y fijó 1.500 plazas).
Precisamente, la Diputación General de Aragón replicó que las carreras en los espacios protegidos requieren una autorización del órgano ambiental (decreto del 2005); pero admitió que aún no está aprobado definitivamente el plan rector de uso y gestión del parque natural Posets-Maladeta, encargado de introducir modificaciones en el itinerario o establecer las garantías para corregir los daños que pueden ocasionarse en el medio natural (incluida la limpieza posterior de la actividad). A estos efectos se podrá solicitar el depósito de una fianza. La redacción del Plan rector de uso y gestión está en la fase final, sólo pendiente del informe del consejo.
La opinión de la Federación
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) sostiene que cuando las carreras se hacen con el reglamento de esta entidad, “se toman medidas que se cumplen a rajatabla”. Así, una vez celebrada la competición, “en la zona no quede ni rastro”. La Fedme pone a los organizadores condiciones sobre señalización o la recogida de residuo, y obliga a seguir un sendero de forma obligatoria, bajo amenaza de sanción. Además en el2013 se introdujo la figura del árbitro ambiental, que realiza un informe al acabar la prueba. El año 2013 se ha introducido la figura del “árbitro ambiental”, que realiza un informe al finalizar la prueba para comprobar si han existido afecciones al medio ambiente, fundamentalmente de basura o restos de señalización. La Fedme señala también que en algunas pruebas se pacta incluso con los organizadores una limitación de los participantes. “Pensamos que en todo esto (el daño ambiental) hay más ruido que nueces”, señala el portavoz de la Fedme, para quien la excepción puede darse en las carreras privadas promovidas por deportistas no federados, particulares o empresas, “en las que sí se pueden haber dado impactos”. La Federación ha publicado un estudio sobre la incidencia socioeconómica y ambiental de las carreras de montaña por el medio rural y natural, en el que se establecen, entre otras cuestiones, una serie de recomendaciones de interés para los organizadores, tanto en relación con las posibilidades de aprovechar la prueba para el desarrollo rural como para prevenir los impactos medioambientales en el recorrido.
Evaluación ambiental
Manuel Oñorbe señala que en los informes sobre las carreras de montaña se centran en los residuos generados, “pero no analizan otros elementos, como las afecciones en el suelo, la fauna, la flora o los espacios naturales”. Este experto pide que cuando el recorrido atraviese zonas sensibles se elaboren informes preventivos –evaluables por la Administración– para justificar que la prueba no afecta al medio ambiente y valorar la capacidad de carga para limitar las plazas. “Cada vez, hay más sensibilidad sobre la protección de los espacios ante estas competiciones, pero se necesita una regulación de las actividades al aire libre en el medio natural”, dice Jordi García Petit, director del parque natural del Cadí, en donde se celebra la popular Ultra Trail Cavalls del Vent (83 km) y conocida por sus estrictas medidas para prevenir los daños en el parque.
El parque natural del Cadí-Moixeró solicita, como condición para que se pueda celebrar una carrera, que no exceda determinados límites y se siga un itinerario señalizado por la red de senderos habitual. No se pueden atravesar zonas sensibles y únicamente se pueden celebrar en épocas del año en que afecte menos a la flora y la fauna, lo que significa que principalmente están acotadas de septiembre a noviembre.
Y vetos en la carrera de Castellón
Tico Cervera, director de la carrera del parque natural Penyagolosa (Castellón), dice que los cuidados se están extremando. “Desde el año pasado ya no damos vaso; cada uno se lo debe traer”, cita como ejemplo. El año pasado, acataron el veto de la Administración, que les impidió pasar por una microrreserva de flora y este año no podrán encaramarse al pico de Penyagolosa, como querían.
Sergio Garasa Mayayo, editor de la web especializada carrerasdemontana.com, sostiene que las carreras ayudan a promover el desarrollo rural sostenible. “Las bicis de montaña o los vehículos a motor tienen mayor impacto que el trotar a pie, obviamente. La actividad de correr largo por la montaña no es hoy ningún negocio, sino una pasión compartida por muchos enamorados del monte. Somos los primeros en querer respetar la Naturaleza", explica Sergio Garasa Mayayo.
"Nada como oír tus pasos en el bosque"
El afán de superación multiplica el número de adeptos al ultrafondo de montaña
Sebas Guim (39 años) relata sus vivencias en su magnífico blog Tornaracorrer.blogspot.com. Habla de amaneceres en el bosque, de la soledad de la larga distancia, del reto de enfrentarse a 50 kilómetros de trote entre piedras, riachuelos y abetos. "Si me sorprende la noche, las sensaciones se transforman -dice-. El mundo se reduce al halo de luz de tu frontal. Sientes el silencio y sólo escuchas el viento. No hay nada como oír tus pasos en el bosque. A veces parece que viene alguien, pero no es así. Y mientras corres, piensas en cómo te va la vida".
Guim, que ha sido atleta de pista y atleta de ruta, e incluso ha disputado el popular Marathon des Sables (cerca de 230 kilómetros por el desierto del Sáhara en seis días), decidió convertirse en atleta de montaña hace dos años, al advertir que su organismo -y básicamente su musculatura- ya no soportaba las intensas cargas de entrenamiento que exigen las pruebas en asfalto. "Si iba muy deprisa, a ritmos próximos a tres minutos y medio por kilómetro, se me rompía el isquiotibial. La montaña es distinta: vas más despacio, los pasos son más cortos, y está el bosque...".
A Miquel Llevat (42, miembro del equipo Corremonts de Matadepera, cuenta con ayudas de Clarou y Sport HG) le han atrapado similares sensaciones. Corría en ruta, en busca de un buen resultado. "Era un yonqui del cronómetro", recuerda. Hasta que Paski, su cuñado, se lo llevó montaña arriba un buen día del año 2000. "Entonces había pocas carreras de este tipo y pocos practicantes -recuerda-. Pero no importaba. Fui entrando en el mundo del senderismo, incluso del trekking, y luego evolucioné hacia las carreras de ultrafondo. Desde el 2009, me marco un reto al año. Por ejemplo, en este 2014 disputaré una prueba de 80 kilómetros en el extranjero. Será en un lugar muy lejano, pero me reservo el destino (es un secreto para su mujer y sus dos hijos)".
-Pero ¿qué te lleva a la montaña? ¿Qué la hace diferente? -se le pregunta.
-Entre otras cosas, que ahí arriba el cronómetro no te agobia. Cuando disputas una prueba en ruta, ves mucho estrés en el cajón. Empujones para arrancar, codazos. Y si te caes, te pisarán. En la montaña, no va de cinco minutos. Los escenarios son preciosos. Y nadie me obliga a mantener un ritmo constante, algo que me aburre. El mejor momento se produce de madrugada, cuando sales ahí fuera, con todo oscuro. Miras adelante y te dices: este es mi espacio. ¡Qué maravilla...!/Sergio Heredia
ANÁLISIS
Menos y con menos corredores M. empezó a correr a principios de los años ochenta. Aunque ya entonces había pruebas de montaña, lo suyo era el asfalto. El atletismo popular irrumpía como un fenómeno urbano importado de EE.UU., y ciudades cosmopolitas como Barcelona se apuntaron con entusiasmo a la nueva tendencia. Así que M. empezó a triturar sus gemelos en larguísimas carreras sobre suelo duro.
Fue a principios de los noventa cuando intuyó que se imponía un cambio. Había una razón objetiva: correr sobre el suelo blando de la montaña dañaría menos su maltrecha musculatura. Y una segunda sólo intuida: sobre un piso regular como el asfalto -no digamos ya las cintas- siempre se golpea en el mismo punto, por lo que parece más indicado un impacto más irregular. Así que se lanzó a correr por el monte. Ahora siente nostalgia de aquellas carreras en Catalunya o en el Pirineo francés, cuando recién tomada la salida ya tenía la sola compañía del bosque, tan pocos eran los corredores inscritos. Aquella afición a un deporte tan minoritario tenía una ventaja adicional, y es que podía demorar hasta el mismo día de la carrera la decisión de inscribirse, en función de cómo había transcurrido la semana.
Hoy, M. ha pasado de ser un corredor a ser un patrocinador de carreras. Es decir, como consecuencia del auge de las pruebas de montaña, se ve obligado a inscribirse con semanas de antelación. Y eso supone que muchas veces, por causa laboral, familiar o de salud deportiva, deba renunciar a correr pruebas ya pagadas.
Pero no le importa. Es más, cuando lea el artículo adjunto, pensará que el sentido común obligará a limitar el impacto de las carreras en el monte. Ha de haber menos y con menos corredores, aunque ello suponga tener que inscribirse con meses de antelación. Tampoco será tan grave. En definitiva, los 15 o 20 euros que paga por no correr son una forma de colaborar con la sociedad civil deportiva que promueve las carreras. A M. le duelen más, por ejemplo, los 2.814 euros que constituyen su aportación forzosa, en tanto que contribuyente, al rescate del sistema bancario./Miquel Molina
Leer más...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
