Hace dos años, un 24 de mayo de 2013, el Consejo de Seguridad nuclear emitió un pronunciamiento favorable respecto a la solicitud de la central de Garoña para que el Gobierno le conceda un año de plazo más en el que pueda pedir una renovación de su licencia de operación. Mediante criterios y votos de afamados representantes políticos, valoró las argumentaciones y presiones políticas, haciendo seguidismo del criterio gubernamental del PP, para permitir la solicitud y licencia de prórroga de actividad.
Este mes de mayo de 2015 el propio CSN ha comunicada sus propietarios por escrito que deberán materializar inversiones que podrían superar los 100 millones de euros. Además de todo ello, Nuclenor tiene pendiente la resolución del recurso interpuesto ante la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de imponerle en julio de 2014 una multa de 18,4 millones de euros por detener su reactor en diciembre de 2012 «sin autorización», así como el recurso contra la decisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro de exigirle medidas que refuercen la refrigeración del agua que toma del río Ebro.
Pero no estamos ante un asunto contable ni de un órgano de seguridad, sino teatro de apariencia de consultiva a un órgano de "seguridad" que actúa en todo momento bajo criterios e intereses políticos y empresariales.
En junio 2009 el CSN emitió un informe favorable a su funcionamiento hasta 2019, sin gran desembolso económico, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero desoyó aquel informe, que indicaba que Garoña se encontraba en condiciones de seguridad adecuadas para seguir operando hasta 2019, limitó la autorización de explotación de Garoña a cuatro años y fijó su cese definitivo en julio de 2013; pero se debate su posible reapertura según el gobierno de Rajoy.
Por lo tanto, desde Eguzki ratificamos la denuncia que venimos realizando años y años de falta de legitimidad de este órgano, por no ser independiente, ni valorativo, ni de "seguridad" defendiendo intereses del lobby nuclear y del gobierno español.
Riesgos que no han sido ni van a ser valorados, aplicando una imposición a la voluntad popular, y una actuación que supone una amenaza a las vidas de cerca un millón de personas, en vez de priorizar la seguridad y las prevención. El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo que era una "buena noticia" que los propietarios de Garoña (las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola) hubieran pedido un nuevo plazo para poder alargar su vida útil y ratificó Rajoy la semana pasada en plena campaña en Burgos.
La propia Unión Europea ha reconocido que no se garantiza la seguridad ni con las pruebas del CSN, y en este caso, sin que es hayan sometido a medidas adecuadas según las revisiones y exigencias europeas, deben llevar a una deslegitimación social, política e institucional para su funcionamiento.
Ambas claves anulan cualquier discurso pro nuclear o intento de prolongar la vida de Garoña, tanto del lobby pro nuclear como el gobierno de Mariano Rajoy, así como supone poner cada vez más en jaque la seguridad de más de un millón de personas de su entorno, así como contra las comprobaciones y meditadas palabras de una institución europea.
Para Eguzki, no hay criterios económicos, ecológicos ni democráticos que avalen la reapertura de la central nuclear de Garoña. Eguzki exige un fuerte y decidido liderazgo a favor del cierre inmediato y definitivo de Garoña, respetando la voluntad popular, en una apuesta por otro modelo de economía sostenible y de energía segura y saludable, basada en el ahorro, consumo responsable, apuesta por el aprovechamiento local y comunitario de los recursos.
NUKLEARRIK EZ!!GAROÑA ITXI ORAIN !!!
martes, 26 de mayo de 2015
Nuevo informe del CSN sobre Garoña
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