Bihartik aurrera energia elektrikoa Goiener-ekin kontratatzeko aukera zabaltzen omen da. Goiener, energia berriztagarrien sorkuntza eta erosle kooperatiba bat da, http://www.goiener.com/eu/faq/ eta etxean ezer ere aldatu gabe hasi gaitezke energia garbiagoa erosten.
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lunes, 30 de septiembre de 2013
El precio de la electricidad: ¿Por qué sube la luz?
(Economistas Frente a la Crisis)
La subasta CESUR realizada el martes 23 de Septiembre de 2013 para fijar el precio de la energía en la Tarifa de Último Recurso (TUR) – ahora denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) – ha incrementado el coste de la electricidad que deberán pagar los pequeños consumidores en un 7,6%. Este incremento -bajo el supuesto de que el Gobierno mantenga constantes el resto de los costes que integran el coste del suministro eléctrico- va a significar un encarecimiento de la tarifa TUR, respecto de la actualmente vigente, del orden del 3,1% durante el 4º trimestre de 2013.
Jorge Fabra Utray
Y además, este mayor precio de la electricidad, que deberán soportar más de 22.000.000 de pequeños consumidores, se convertirá inmediatamente en la referencia para los contratos que las empresas eléctricas renueven u ofrezcan a los consumidores, grandes o pequeños, que se desenvuelven en el denominado -creo yo que no sin cierta sorna- “mercado liberalizado”. Porque hay que decir -que no haya confusiones- que si la energía ha subido para los consumidores en un 7,6%, los costes de producir esa energía ha subido para las empresas que la producen exactamente cero. ¿O es que acaso ha subido el agua de los ríos, o el combustible radioactivo de las centrales nucleares, o las tarifas que remuneran las energías renovables, o el gas o el carbón de las centrales térmicas? No, no han subido. Lo único que ha subido es la percepción de riesgo de los intermediarios/vendedores de energía a plazo sobre cual será la oferta de la central que marque el precio a lo largo del periodo de tres meses en los que tendrán que entregar la energía que el 23 de Septiembre vendieron. Así es la regulación y así es la inflación de precios que semejante regulación genera.
Llama la atención que el mecanismo de subasta CESUR haya encarecido -desde que se instalara en Julio de 2009- el precio de la electricidad para los consumidores en más de un 15% – en media anual- sobre los precios del mercado de la electricidad sin que nada se haya hecho, sin que nada se haya cambiado, cómo si las autoridades regulatorias permanecieran perplejas y nada supieran que hacer frente a tamaña perversidad regulatoria.
El mercado de la electricidad existente, es un mercado horario, líquido y profundo, que presenta, no obstante, una cierta y recurrente volatilidad estacional. La TUR – PVPC, después de la reforma ¡menuda reforma! – tiene por objeto estabilizar el precio del componente “energía” dentro del coste del suministro de electricidad a los pequeños consumidores. Pero… ¿se ha preguntado alguna vez a estos consumidores si quieren pagar coberturas financieras para que el precio de su electricidad permanezca constante durante tres o seis meses? No. Nunca se les ha preguntado semejante cosa ni nunca se les ha contado que esa cobertura les encarece su recibo de la luz en cientos de millones de euros al año, en miles de millones desde que tal manera de fijar los precios fue establecida.
La subasta CESUR, desde su utilización en 2009 para fijar el precio de la electricidad en las tarifas eléctricas que pagan los pequeños consumidores, ha demostrado ser un instrumento inflacionista en la fijación de los precios minoristas, y ha contribuido al incremento del déficit tarifario -que nadie se enrede con las trampas de la contabilidad regulatoria- en más de 5.000 M€. ¿Son estos 5.000 M€ costes del suministro? No. Son costes reconocidos por la regulación eléctrica, ajenos a la cadena industrial del suministro, que apenas aportan valor añadido alguno, que deterioran la competitividad de la economía y drenan rentas de las familias que hubieran ido a otros sectores.
Entre un océano de problemas de ineficiencia regulatoria, todo esto no es, sin embargo, más que un detalle, casi anecdótico. La reforma de la regulación eléctrica es inaplazable y no es -como con prepotencia se expresa la Vicepresidenta del Gobierno- el “reformazo” que el Gobierno pretende ¡que ineptitud tan asombrosa! Por el contrario, ese “reformazo” es nada, o si algo es, no es más que más de lo mismo. A las pruebas podemos remitirnos: el Déficit Tarifario sigue creciendo, el precio de la electricidad y el coste para los contribuyentes también ¡y qué poco tiempo ha pasado!
Mientras… recortes carentes de base jurídica ni de legitimidad regulatoria siguen cebándose sobre las energías renovables -acercando peligrosamente a sus inversores al precipicio de la quiebra-, y la sobre-retribución de las centrales convencionales nucleares e hidroeléctricas, producto de normas inadecuadas que falsamente se remiten al funcionamiento de los mercados, se sigue, sin embargo, manteniendo intacta.
Economistas Frente a la Crisis ya lo planteó en todos sus términos en su segundo manifiesto:
“La energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros, es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad contribuya a la competitividad de la economía.
En España estamos muy lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro. Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia, tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales nucleares.
Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento económico, y disminución de costes para las familias y las empresas.
Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero. Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho.”
Pero si en este manifiesto Economistas Frente a la Crisis sólo insiste en la necesidad de acometer la reforma que no se ha acometido, en uno de los capítulos de su libro “No es economía, es ideología” una propuesta de reforma sí está recogida -que en este mismo blog fue reproducido bajo el título “Una reforma para la regulación del Sector Eléctrico”-
Por consiguiente, no solo Economistas Frente a la Crisis ejerce la crítica. También propone alternativas. Alternativas para el debate porque hay caminos que nos pueden ayudar a salir de esta crisis. En el sector eléctrico esos caminos existen.
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La subasta CESUR realizada el martes 23 de Septiembre de 2013 para fijar el precio de la energía en la Tarifa de Último Recurso (TUR) – ahora denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) – ha incrementado el coste de la electricidad que deberán pagar los pequeños consumidores en un 7,6%. Este incremento -bajo el supuesto de que el Gobierno mantenga constantes el resto de los costes que integran el coste del suministro eléctrico- va a significar un encarecimiento de la tarifa TUR, respecto de la actualmente vigente, del orden del 3,1% durante el 4º trimestre de 2013.
Jorge Fabra Utray
Y además, este mayor precio de la electricidad, que deberán soportar más de 22.000.000 de pequeños consumidores, se convertirá inmediatamente en la referencia para los contratos que las empresas eléctricas renueven u ofrezcan a los consumidores, grandes o pequeños, que se desenvuelven en el denominado -creo yo que no sin cierta sorna- “mercado liberalizado”. Porque hay que decir -que no haya confusiones- que si la energía ha subido para los consumidores en un 7,6%, los costes de producir esa energía ha subido para las empresas que la producen exactamente cero. ¿O es que acaso ha subido el agua de los ríos, o el combustible radioactivo de las centrales nucleares, o las tarifas que remuneran las energías renovables, o el gas o el carbón de las centrales térmicas? No, no han subido. Lo único que ha subido es la percepción de riesgo de los intermediarios/vendedores de energía a plazo sobre cual será la oferta de la central que marque el precio a lo largo del periodo de tres meses en los que tendrán que entregar la energía que el 23 de Septiembre vendieron. Así es la regulación y así es la inflación de precios que semejante regulación genera.
Llama la atención que el mecanismo de subasta CESUR haya encarecido -desde que se instalara en Julio de 2009- el precio de la electricidad para los consumidores en más de un 15% – en media anual- sobre los precios del mercado de la electricidad sin que nada se haya hecho, sin que nada se haya cambiado, cómo si las autoridades regulatorias permanecieran perplejas y nada supieran que hacer frente a tamaña perversidad regulatoria.
El mercado de la electricidad existente, es un mercado horario, líquido y profundo, que presenta, no obstante, una cierta y recurrente volatilidad estacional. La TUR – PVPC, después de la reforma ¡menuda reforma! – tiene por objeto estabilizar el precio del componente “energía” dentro del coste del suministro de electricidad a los pequeños consumidores. Pero… ¿se ha preguntado alguna vez a estos consumidores si quieren pagar coberturas financieras para que el precio de su electricidad permanezca constante durante tres o seis meses? No. Nunca se les ha preguntado semejante cosa ni nunca se les ha contado que esa cobertura les encarece su recibo de la luz en cientos de millones de euros al año, en miles de millones desde que tal manera de fijar los precios fue establecida.
La subasta CESUR, desde su utilización en 2009 para fijar el precio de la electricidad en las tarifas eléctricas que pagan los pequeños consumidores, ha demostrado ser un instrumento inflacionista en la fijación de los precios minoristas, y ha contribuido al incremento del déficit tarifario -que nadie se enrede con las trampas de la contabilidad regulatoria- en más de 5.000 M€. ¿Son estos 5.000 M€ costes del suministro? No. Son costes reconocidos por la regulación eléctrica, ajenos a la cadena industrial del suministro, que apenas aportan valor añadido alguno, que deterioran la competitividad de la economía y drenan rentas de las familias que hubieran ido a otros sectores.
Entre un océano de problemas de ineficiencia regulatoria, todo esto no es, sin embargo, más que un detalle, casi anecdótico. La reforma de la regulación eléctrica es inaplazable y no es -como con prepotencia se expresa la Vicepresidenta del Gobierno- el “reformazo” que el Gobierno pretende ¡que ineptitud tan asombrosa! Por el contrario, ese “reformazo” es nada, o si algo es, no es más que más de lo mismo. A las pruebas podemos remitirnos: el Déficit Tarifario sigue creciendo, el precio de la electricidad y el coste para los contribuyentes también ¡y qué poco tiempo ha pasado!
Mientras… recortes carentes de base jurídica ni de legitimidad regulatoria siguen cebándose sobre las energías renovables -acercando peligrosamente a sus inversores al precipicio de la quiebra-, y la sobre-retribución de las centrales convencionales nucleares e hidroeléctricas, producto de normas inadecuadas que falsamente se remiten al funcionamiento de los mercados, se sigue, sin embargo, manteniendo intacta.
Economistas Frente a la Crisis ya lo planteó en todos sus términos en su segundo manifiesto:
“La energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros, es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad contribuya a la competitividad de la economía.
En España estamos muy lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro. Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia, tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales nucleares.
Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento económico, y disminución de costes para las familias y las empresas.
Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero. Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho.”
Pero si en este manifiesto Economistas Frente a la Crisis sólo insiste en la necesidad de acometer la reforma que no se ha acometido, en uno de los capítulos de su libro “No es economía, es ideología” una propuesta de reforma sí está recogida -que en este mismo blog fue reproducido bajo el título “Una reforma para la regulación del Sector Eléctrico”-
Por consiguiente, no solo Economistas Frente a la Crisis ejerce la crítica. También propone alternativas. Alternativas para el debate porque hay caminos que nos pueden ayudar a salir de esta crisis. En el sector eléctrico esos caminos existen.
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Una tesis estima que lograr un suministro eléctrico 100% renovable en el Estado sería viable en 20 años
La tesis doctoral de Santiago Galbete Goyena, Ingeniero Industrial, ha tenido como objetivo buscar soluciones viables técnica y económicamente para lograr un sistema eléctrico 100% renovable para el Estado. Su investigación concluye que "el desarrollo de un sistema de generación renovable no supone para la industria actual un reto inasumible en absoluto y 20 años debieran ser suficientes para su consecución".
En su estudio, Santiago Galbete recuerda que la producción energética renovable en la España peninsular, respecto a la demanda eléctrica, es tan solo del 35 por ciento, aproximadamente. "Tenemos un país muy pobre en recursos no renovables, especialmente gas natural, petróleo y uranio, prácticamente inexistentes, pero sin embargo disfrutamos de un enorme potencial en energía solar, eólica e hidráulica, sin olvidar el potencial de otras posibilidades todavía en fase de desarrollo como las mareas, olas y geotermia. Por ello, parece evidente que caminar hacia un sistema energético de fuentes renovables locales es lo recomendable", dice.
En ese contexto, hace hincapié en que las ventajas industriales, sociales y económicas de tal decisión "superarían con creces, a la larga, las evidentes dificultades que este cambio, sin duda, entraña".
Su tesis doctoral, ’La viabilidad técnico-económica para un suministro 100% renovable en España’ ha obtenido la calificación de apto Cum laude por unanimidad y ha sido dirigida en la Universidad Pública de Navarra por Luis Marroyo, profesor titular de Ingeniería Eléctrica, Oscar Alonso, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; y Katrin Simon profesora titular, del Departamento de Gestión de Empresas.
En concreto, este investigador plantea un conjunto de soluciones para demostrar que un sistema eléctrico como el de España puede funcionar de forma garantizada a partir de, únicamente, fuentes renovables, de manera eficiente y con costes del mismo rango a los del sistema actual.
A lo largo de la elaboración de esta tesis y de la mano de Acciona Energía, con el fin de conocer la opinión de este proyecto dentro de los ámbitos más actuales en materia renovable en el mundo, se presentaron artículos en diferentes congresos internacionales (Valencia, Amsterdam, Londres, Pekin).
En el transcurso de su investigación, Santiago Galbete preparó un entorno matemático que permitiera utilizar modelos energéticos e incorporar la máxima información real, como por ejemplo series horarias de producción de las diferentes tecnologías renovables durante un periodo de diez años.
Según explica, "una de las principales dificultades fue desarrollar una estrategia para compensar las rápidas variaciones de producción de energía que tienen lugar con los recursos solar y eólico. Para solventar ese problema de forma eficiente, lo mejor es poder almacenar la energía sobrante en un momento dado para aprovecharla más adelante".
Por ello, la tesis ofrece también nuevas técnicas y analiza distintas opciones de almacenamiento de energía. La solución que ha considerado más idónea, desde el punto de vista técnico, pasa por una combinación de diferentes tecnologías renovables. Así, respecto a la energía eólica terrestre, deberían incrementarse los actuales 22 GW (gigavatios) hasta 48 GW.
"Teniendo en cuenta la potencia de los aerogeneradores actuales, este aumento supondría instalar un promedio de 200 aerogeneradores en cada provincia española y sería suficiente un período de 20 años", expone. En energía solar, habría que pasar de los 6 GW a 27,5 GW, para lo cual "existen recursos y superficie disponible. Teniendo en cuenta que sólo durante 2008 se conectaron a la red 2,3 GW, el tiempo necesario para alcanzar la producción estimada no sería un problema".
Por lo que respecta a energía procedente de biomasa, sería necesario disponer de cerca de 12 GW de potencia, algo también factible en un plazo de veinte años. En energía hidráulica, se requiere únicamente una repotenciación de las centrales existentes desde los 14,8 GW actuales hasta 17 GW en la propuesta 100% renovable. En cuanto a las centrales de bombeo, con añadir a las actuales (2,7 GW) aquellas que están ya proyectadas sería suficiente para alcanzar los 6,1 GW necesarios.
"Veinte años debieran ser suficientes para instalar la potencia necesaria para conseguir un sistema eléctrico 100% procedente de energías renovables -explica este ingeniero-. Sin embargo, a la vista de los fuertes obstáculos legislativos que están sufriendo la generación renovable en España, en la tesis he planteado una opción más conservadora y he considerado que, mediante una trayectoria cómoda, el suministro 100% renovable podría alcanzarse hacia el año 2050".
Una vez probada la viabilidad técnica para un suministro 100% renovable, el objeto de este trabajo no fue la búsqueda financiera de oportunidades de inversión, sino la viabilidad económica de un sistema energético nacional 100% renovable. Para ello, se han actualizado los nuevos costes de producción con base en las innovaciones tecnológicas. De este cálculo, se pueden extraer conclusiones tanto para energías renovables como convencionales.
El LCOE (Leverized cost of energy o coste normalizado de la energía) es la magnitud más representativa en el ámbito internacional para el estudio de los costes de la energía. En este sentido, el autor indica que el actual mix energético tiene costes de producción inferiores a un hipotético 100% renovable.
Sin embargo, dice, "se observa una tendencia de convergencia entre ambos tipos de costes, consecuencia de la evolución tecnológica de las energías renovables y de considerar otras externalidades de las energías no renovables. Incluso se observa cómo para estimaciones realizadas para el año 2050, los costes de las energías renovables serán inferiores a los de las energías convencionales".
Un segundo método utilizado en esta tesis, que valida los resultados anteriores, es el estudio de la Rentabilidad Relativa de la Inversión (TIR). Las estimaciones para el año 2050 prevén para las energías renovables tasas de rentabilidad superiores (4.1%) a las del mix actual (3.7%).
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En su estudio, Santiago Galbete recuerda que la producción energética renovable en la España peninsular, respecto a la demanda eléctrica, es tan solo del 35 por ciento, aproximadamente. "Tenemos un país muy pobre en recursos no renovables, especialmente gas natural, petróleo y uranio, prácticamente inexistentes, pero sin embargo disfrutamos de un enorme potencial en energía solar, eólica e hidráulica, sin olvidar el potencial de otras posibilidades todavía en fase de desarrollo como las mareas, olas y geotermia. Por ello, parece evidente que caminar hacia un sistema energético de fuentes renovables locales es lo recomendable", dice.
En ese contexto, hace hincapié en que las ventajas industriales, sociales y económicas de tal decisión "superarían con creces, a la larga, las evidentes dificultades que este cambio, sin duda, entraña".
Su tesis doctoral, ’La viabilidad técnico-económica para un suministro 100% renovable en España’ ha obtenido la calificación de apto Cum laude por unanimidad y ha sido dirigida en la Universidad Pública de Navarra por Luis Marroyo, profesor titular de Ingeniería Eléctrica, Oscar Alonso, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; y Katrin Simon profesora titular, del Departamento de Gestión de Empresas.
En concreto, este investigador plantea un conjunto de soluciones para demostrar que un sistema eléctrico como el de España puede funcionar de forma garantizada a partir de, únicamente, fuentes renovables, de manera eficiente y con costes del mismo rango a los del sistema actual.
A lo largo de la elaboración de esta tesis y de la mano de Acciona Energía, con el fin de conocer la opinión de este proyecto dentro de los ámbitos más actuales en materia renovable en el mundo, se presentaron artículos en diferentes congresos internacionales (Valencia, Amsterdam, Londres, Pekin).
En el transcurso de su investigación, Santiago Galbete preparó un entorno matemático que permitiera utilizar modelos energéticos e incorporar la máxima información real, como por ejemplo series horarias de producción de las diferentes tecnologías renovables durante un periodo de diez años.
Según explica, "una de las principales dificultades fue desarrollar una estrategia para compensar las rápidas variaciones de producción de energía que tienen lugar con los recursos solar y eólico. Para solventar ese problema de forma eficiente, lo mejor es poder almacenar la energía sobrante en un momento dado para aprovecharla más adelante".
Por ello, la tesis ofrece también nuevas técnicas y analiza distintas opciones de almacenamiento de energía. La solución que ha considerado más idónea, desde el punto de vista técnico, pasa por una combinación de diferentes tecnologías renovables. Así, respecto a la energía eólica terrestre, deberían incrementarse los actuales 22 GW (gigavatios) hasta 48 GW.
"Teniendo en cuenta la potencia de los aerogeneradores actuales, este aumento supondría instalar un promedio de 200 aerogeneradores en cada provincia española y sería suficiente un período de 20 años", expone. En energía solar, habría que pasar de los 6 GW a 27,5 GW, para lo cual "existen recursos y superficie disponible. Teniendo en cuenta que sólo durante 2008 se conectaron a la red 2,3 GW, el tiempo necesario para alcanzar la producción estimada no sería un problema".
Por lo que respecta a energía procedente de biomasa, sería necesario disponer de cerca de 12 GW de potencia, algo también factible en un plazo de veinte años. En energía hidráulica, se requiere únicamente una repotenciación de las centrales existentes desde los 14,8 GW actuales hasta 17 GW en la propuesta 100% renovable. En cuanto a las centrales de bombeo, con añadir a las actuales (2,7 GW) aquellas que están ya proyectadas sería suficiente para alcanzar los 6,1 GW necesarios.
"Veinte años debieran ser suficientes para instalar la potencia necesaria para conseguir un sistema eléctrico 100% procedente de energías renovables -explica este ingeniero-. Sin embargo, a la vista de los fuertes obstáculos legislativos que están sufriendo la generación renovable en España, en la tesis he planteado una opción más conservadora y he considerado que, mediante una trayectoria cómoda, el suministro 100% renovable podría alcanzarse hacia el año 2050".
Una vez probada la viabilidad técnica para un suministro 100% renovable, el objeto de este trabajo no fue la búsqueda financiera de oportunidades de inversión, sino la viabilidad económica de un sistema energético nacional 100% renovable. Para ello, se han actualizado los nuevos costes de producción con base en las innovaciones tecnológicas. De este cálculo, se pueden extraer conclusiones tanto para energías renovables como convencionales.
El LCOE (Leverized cost of energy o coste normalizado de la energía) es la magnitud más representativa en el ámbito internacional para el estudio de los costes de la energía. En este sentido, el autor indica que el actual mix energético tiene costes de producción inferiores a un hipotético 100% renovable.
Sin embargo, dice, "se observa una tendencia de convergencia entre ambos tipos de costes, consecuencia de la evolución tecnológica de las energías renovables y de considerar otras externalidades de las energías no renovables. Incluso se observa cómo para estimaciones realizadas para el año 2050, los costes de las energías renovables serán inferiores a los de las energías convencionales".
Un segundo método utilizado en esta tesis, que valida los resultados anteriores, es el estudio de la Rentabilidad Relativa de la Inversión (TIR). Las estimaciones para el año 2050 prevén para las energías renovables tasas de rentabilidad superiores (4.1%) a las del mix actual (3.7%).
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domingo, 29 de septiembre de 2013
Soberanía energética ante las subidas de la luz
Esta semana se ha consumado la cuarta subida de la luz en lo que va de año debido al incremento del 7,6% en la subasta trimestral que se salda con un aumento 3,1% en la factura final de la luz a partir de octubre.
Ecooo considera que hay que tomar medidas drásticas para permitir que la ciudadanía pueda contrarrestar los abusos del oligopolio y disponer de su propia energía.
Esta subida de la luz se produce tras la generada por la última reforma energética en la que la factura de la luz subió un 3,2%. Además, la reforma restringe la posibilidad de que la ciudadanía pueda generar su propia electricidad y reducir así su factura de la luz
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Ecooo considera que hay que tomar medidas drásticas para permitir que la ciudadanía pueda contrarrestar los abusos del oligopolio y disponer de su propia energía.
Esta subida de la luz se produce tras la generada por la última reforma energética en la que la factura de la luz subió un 3,2%. Además, la reforma restringe la posibilidad de que la ciudadanía pueda generar su propia electricidad y reducir así su factura de la luz
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sábado, 28 de septiembre de 2013
Pagar por el sol
El proyecto de ley del sector eléctrico aprobado en Consejo de Ministros está hecho a medida de las grandes empresas del sector y en perjuicio de la ciudadanía, la economía estatal y local y el medio ambiente.
El paquete, criticado por las comisiones oficiales de expertos, contiene medidas tan escandalosas como el impuesto al autoconsumo a partir de renovables, disfrazado eufemísticamente como peaje de respaldo. Es necesaria una reforma eléctrica, pero muy distinta a la que impulsa el Ministerio de Industria.
El 12 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 9/2013, en el que se adoptaban medidas urgentes para la estabilidad financiera del sector eléctrico. Fue acompañado en pocos días de un anteproyecto de Ley para reformar el sector, 8 borradores de reales decretos y varios borradores de ordenes ministeriales. Un paquete normativo que, en su conjunto, es un ataque a la democracia, a la sociedad y al medio ambiente.
El viernes se aprueba el proyecto de Ley en el Consejo de Ministros, tras la fase de evaluación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). A pesar de las críticas de ambos organismos, se da luz verde a que comience el trámite parlamentario y pueda ser aprobado antes del 1 de enero de 2014, fecha que se ha marcado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
La Ley carga sobre las espaldas de los consumidores la nefasta regulación y la falta de planificación del sector, que acumula una deuda de 27.000 millones de euros pese a que las eléctricas siguen teniendo beneficios anuales de varios miles de millones. Se trata de que el consumidor pague sea como sea, de forma que desincentiva el ahorro y la eficiencia, e incrementará el número de personas que ya se encuentra en situación de pobreza energética
Pero también es una estocada a las energías renovables, tanto a los plantas en funcionamiento como a las nuevas plantas que se pudieran instalar en un futuro. El objetivo no es más que asegurar a las grandes empresas el control sobre un sector estratégico, como es el de la energía eléctrica, que en los últimos años había visto como nuevos actores entraban en juego, y que tenía dos problemas acuciantes a resolver: el descenso en el consumo y la posibilidad de que muchos consumidores generaran su propia energía, mediante sistemas de autoconsumo a partir de renovables, que ya son más baratos que consumir la electricidad de la red. Un escenario que las eléctricas no están dispuestas a asumir.
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El paquete, criticado por las comisiones oficiales de expertos, contiene medidas tan escandalosas como el impuesto al autoconsumo a partir de renovables, disfrazado eufemísticamente como peaje de respaldo. Es necesaria una reforma eléctrica, pero muy distinta a la que impulsa el Ministerio de Industria.
El 12 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 9/2013, en el que se adoptaban medidas urgentes para la estabilidad financiera del sector eléctrico. Fue acompañado en pocos días de un anteproyecto de Ley para reformar el sector, 8 borradores de reales decretos y varios borradores de ordenes ministeriales. Un paquete normativo que, en su conjunto, es un ataque a la democracia, a la sociedad y al medio ambiente.
El viernes se aprueba el proyecto de Ley en el Consejo de Ministros, tras la fase de evaluación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). A pesar de las críticas de ambos organismos, se da luz verde a que comience el trámite parlamentario y pueda ser aprobado antes del 1 de enero de 2014, fecha que se ha marcado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
La Ley carga sobre las espaldas de los consumidores la nefasta regulación y la falta de planificación del sector, que acumula una deuda de 27.000 millones de euros pese a que las eléctricas siguen teniendo beneficios anuales de varios miles de millones. Se trata de que el consumidor pague sea como sea, de forma que desincentiva el ahorro y la eficiencia, e incrementará el número de personas que ya se encuentra en situación de pobreza energética
Pero también es una estocada a las energías renovables, tanto a los plantas en funcionamiento como a las nuevas plantas que se pudieran instalar en un futuro. El objetivo no es más que asegurar a las grandes empresas el control sobre un sector estratégico, como es el de la energía eléctrica, que en los últimos años había visto como nuevos actores entraban en juego, y que tenía dos problemas acuciantes a resolver: el descenso en el consumo y la posibilidad de que muchos consumidores generaran su propia energía, mediante sistemas de autoconsumo a partir de renovables, que ya son más baratos que consumir la electricidad de la red. Un escenario que las eléctricas no están dispuestas a asumir.
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