La central de Garoña tiene la documentación preparada para presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la solicitud de renovación del permiso de explotación La central de Santa María de Garoña tiene la documentación preparada para presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la solicitud de renovación del permiso de explotación hasta 2024, no sólo hasta 2018 como lo previsto inicialmente, según fuentes de Nuclenor, propietaria de la planta.
Los técnicos de la planta nuclear están a la espera de recibir órdenes de los propietarios, lo que debe producirse antes del 6 de julio próximo, que es la fecha tope para poder solicitar el alargamiento de la vida útil de la central sin tener que solicitar una nueva licencia.
Pese al anuncio de los directivos de Endesa, que aseguran que solicitarán la renovación del permiso de explotación, la decisión todavía no se ha aprobado por el Consejo de la empresa, aunque aún queda tiempo antes de que finalice el plazo.
El Gobierno aprobó en febrero un real decreto que modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, de manera que una central nuclear cuyo cierre se deba a razones económicas, y no de seguridad nuclear o la protección radiológica, dispone de un año a partir de su cese de actividad para solicitar una nueva renovación de su permiso de explotación.
En el caso de Garoña esto habilita un nuevo plazo hasta el 6 de julio para pedir el alargamiento del permiso. Para concederlo será preceptivo un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
En Euskadi la posible reapertura de esta central ubicada a unos 40 kilómetros de Vitoria y 60 de Bilbao ha suscitado ya el rechazado de partidos e instituciones.
Hoy mismo el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que Garoña "ha cumplido ya su vida útil" y debe continuar cerrada por razones "de seguridad y de obsolescencia". También han expresado su descontento con la posibilidad de que la planta retome su actividad el PNV, el PSE y EH Bildu.
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martes, 20 de mayo de 2014
lunes, 19 de mayo de 2014
La Planta de Gestión de Envases de Júndiz (Álava) trató 4.400 toneladas en 2013, un 2,6% más que el año anterior
La Planta de Gestión de Envases de Júndiz (Álava) trató 4.400 toneladas de envases en 2013, un 2,6 por ciento más que el año anterior, cifra que espera mejorar "a corto plazo", gracias a las obras de "adaptación y mejora" de los equipamientos y maquinaria Las "renovadas" instalaciones de la Planta de Gestión de Envases de Júndiz, son propiedad de la Diputación Foral de Álava y que actualmente gestiona la UTE formada por FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Yárritu, S.A.Esta UTE resultó adjudicataria del contrato de gestión de la planta para los próximos diez años y que contempla una inversión de 461.440,68 euros -IVA incluido- para la adaptación y mejora de los equipamientos y maquinaria existente.
En ese sentido, la incorporación de un proceso de tratamiento de la 'fracción rechazo'- el material que hasta ahora no se podía reciclar y se mandaba a Gardelegui- para transformarlo en un producto apto para su utilización.
4.400 TONELADAS
Las entradas en la Planta de Jundiz ascendieron a 4.400 toneladas en 2013, un 2,6 por ciento más que el año anterior, lo que se traduce en que cada alavés recicla una media anual de 15,9 kg de envases que son depositados en los contenedores amarillos que están instalados en todos los núcleos urbanos del Territorio Histórico de Álava.
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En ese sentido, la incorporación de un proceso de tratamiento de la 'fracción rechazo'- el material que hasta ahora no se podía reciclar y se mandaba a Gardelegui- para transformarlo en un producto apto para su utilización.
4.400 TONELADAS
Las entradas en la Planta de Jundiz ascendieron a 4.400 toneladas en 2013, un 2,6 por ciento más que el año anterior, lo que se traduce en que cada alavés recicla una media anual de 15,9 kg de envases que son depositados en los contenedores amarillos que están instalados en todos los núcleos urbanos del Territorio Histórico de Álava.
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Hugo Morán (PSOE) afirma sobre las prospecciones que "no se puede poner en riesgo un territorio por la voluntad de un gobierno"
El secretario de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, reiteró la postura de los socialistas en contra de las prospecciones petrolíferas porque, según dijo, "no merece la pena poner en riesgo todo un territorio, con una estructura económica que defiende la calidad del espacio, por la voluntad de una empresa o un gobierno de buscar unos recursos indeterminados y limitados en el mar".
Morán visitó Palma de Mallorca dentro de los actos de campaña de las elecciones europeas y participó junto al candidato del PSIB-PSOE, Pere Joan Pons, y la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, en reuniones con distintas entidades relacionadas con el medio ambiente.
Con todo, Morán apuntó que el objetivo prioritario en las islas es "transitar hacia un modelo económico sostenible, vinculado a las características del territorio y no poner en riesgo los valores de una inmensa mayoría de ciudadanos que considera que deben colocarse por encima de intereses particulares o de grupos que les representan", apuntó.
En este sentido, señaló que España debería apostar por un modelo libre de hidrocarburos "y no por un modelo energético que defiende el PP, que tiene más que ver con pautas del siglo pasado que con las del siglo XXI".
Así, abogó por impulsar las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y criticó que España "sea el único país a nivel mundial que mantiene un apagón renovable" que, según dijo, "parece que es el modelo que el PP quiere exportar al conjunto de la Unión Europea".
Por su parte, Pere Joan Pons apostó porque la Unión Europea aporte "fondos transversales a los territorios insulares y que los reconozca presupuestariamente", de cara a incrementar el uso de las energías renovables un 30% hasta 2020, lo cual se traducirá en una reducción de la contaminación.
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Morán visitó Palma de Mallorca dentro de los actos de campaña de las elecciones europeas y participó junto al candidato del PSIB-PSOE, Pere Joan Pons, y la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, en reuniones con distintas entidades relacionadas con el medio ambiente.
Con todo, Morán apuntó que el objetivo prioritario en las islas es "transitar hacia un modelo económico sostenible, vinculado a las características del territorio y no poner en riesgo los valores de una inmensa mayoría de ciudadanos que considera que deben colocarse por encima de intereses particulares o de grupos que les representan", apuntó.
En este sentido, señaló que España debería apostar por un modelo libre de hidrocarburos "y no por un modelo energético que defiende el PP, que tiene más que ver con pautas del siglo pasado que con las del siglo XXI".
Así, abogó por impulsar las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y criticó que España "sea el único país a nivel mundial que mantiene un apagón renovable" que, según dijo, "parece que es el modelo que el PP quiere exportar al conjunto de la Unión Europea".
Por su parte, Pere Joan Pons apostó porque la Unión Europea aporte "fondos transversales a los territorios insulares y que los reconozca presupuestariamente", de cara a incrementar el uso de las energías renovables un 30% hasta 2020, lo cual se traducirá en una reducción de la contaminación.
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domingo, 18 de mayo de 2014
Merkel asegura que Alemania no se hará cargo de los riesgos del desmantelamiento de las nucleares
La canciller de Alemania, Angela Merkel, rechazó que los contribuyentes asuman la responsabilidad del desmantelamiento de las centrales nucleares al derivar el riesgo del proceso en un organismo público de nueva creación, según señaló en una entrevista publicada por el periódico "Frankfurter Allgemeine Zeitung".
"Estoy en contra de derivar los riesgos sobre el Estado y los contribuyentes", señaló la mandataria alemana. La semana pasada, varias empresas negociaron con el Gobierno la creación de un ’banco malo’ para el desmantelamiento de las centrales nucleares tras la decisión de Merkel de gestionar su cierre, programado para 2022, como reacción al desastre de la central de Fukushima.
La fundación recurriría a las provisiones depositadas por las compañías eléctricas, aunque también asumiría el riesgo de posibles gastos imprevistos, lo que acabaría haciendo responsable del desmantelamiento a los servicios públicos.
"En principio, las empresas deben seguir siendo las responsables de eliminar los residuos radiactivos. Las provisiones se han depositado para eso", declaró Merkel. "No tomaremos parte en una transferencia unilateral de los riesgos", añadió.
El Ministerio de Medioambiente indicó a principios de semana que correspondía a los servicios públicos toda la responsabilidad del desmantelamiento de las nueve centrales nucleares que siguen operativas en Alemania.
Las eléctricas —E.ON , RWE, EnBW y Vattenfall— reservaron ya provisiones de más de 36.000 millones de euros para este gasto, que serían trasladados a esta fundación, según las fuentes. Si se consigue un acuerdo, las eléctricas renunciarían a los procesos judiciales contra el Estado por su decisión de cerrar las centrales.
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"Estoy en contra de derivar los riesgos sobre el Estado y los contribuyentes", señaló la mandataria alemana. La semana pasada, varias empresas negociaron con el Gobierno la creación de un ’banco malo’ para el desmantelamiento de las centrales nucleares tras la decisión de Merkel de gestionar su cierre, programado para 2022, como reacción al desastre de la central de Fukushima.
La fundación recurriría a las provisiones depositadas por las compañías eléctricas, aunque también asumiría el riesgo de posibles gastos imprevistos, lo que acabaría haciendo responsable del desmantelamiento a los servicios públicos.
"En principio, las empresas deben seguir siendo las responsables de eliminar los residuos radiactivos. Las provisiones se han depositado para eso", declaró Merkel. "No tomaremos parte en una transferencia unilateral de los riesgos", añadió.
El Ministerio de Medioambiente indicó a principios de semana que correspondía a los servicios públicos toda la responsabilidad del desmantelamiento de las nueve centrales nucleares que siguen operativas en Alemania.
Las eléctricas —E.ON , RWE, EnBW y Vattenfall— reservaron ya provisiones de más de 36.000 millones de euros para este gasto, que serían trasladados a esta fundación, según las fuentes. Si se consigue un acuerdo, las eléctricas renunciarían a los procesos judiciales contra el Estado por su decisión de cerrar las centrales.
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sábado, 17 de mayo de 2014
La justicia europea falla contra una carretera en una zona protegida de Holanda
La batalla parecía perdida: unas humildes hierbas contra la ampliación de una autopista. El Gobierno holandés decidió en 2011 modificar el trazado de la A2, una vía muy transitada, entre Den Bosch y Eindhoven. Se encontró con un problema: el proyecto afectaba a un lugar Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. En concreto, ampliar la autopista iba a perjudicar, por la desecación y la acidificación de los suelos, a un hábitat de 6,7 hectáreas de prados de molinias. El Gobierno holandés siguió adelante, pero para “compensar” planeó crear nuevos prados de molinias en una zona cercana. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó este jueves que no actuó correctamente. Su fallo sienta jurisprudencia en toda Europa y refuerza la directiva Hábitats al aclarar que no se puede construir en un lugar Natura 2000 si con ello resulta afectado un hábitat protegido.
El Tribunal de Luxemburgo, que responde a una petición de aclaración del Consejo de Estado holandés, remarca que la directiva Hábitats no permite compensar con posterioridad, como pretendía Holanda, los efectos negativos de una actuación en una zona Natura 2000. En estas áreas protegidas, los proyectos que afecten a un hábitat están prohibidos en todos los casos, con una única excepción: cuando existan “razones imperiosas de interés público” y no haya soluciones alternativas. Solo en ese caso, que no era el de la autopista A2, lo que debe hacer el Estado miembro es tomar medidas compensatorias por el daño que crea el proyecto en cuestión.
Los espacios protegidos en la Red Natura 2000 cubren grandes extensiones en toda Europa. En España, por ejemplo, suponen el 27% del territorio, sumando tanto los lugares de importancia comunitaria (LIC) como las zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Numerosos proyectos de carreteras, urbanizaciones o incluso aeropuertos han topado con estos espacios protegidos y, tal y como denuncian las organizaciones ecologistas, en muchos casos han conseguido declaraciones institucionales de “interés general” para así sortear la prohibición europea. Para evitar malas interpretaciones de la norma europea, ahora el fallo del Tribunal de la UE reitera que la excepción que contempla la directiva es eso, una excepción.
El Tribunal de Luxemburgo falló contra el desdoblamiento de la carretera madrileña M-501 en 2011, al considerar que había vulnerado la directiva Hábitats por afectar a tres espacios protegidos. La Comunidad de Madrid había declarado el proyecto “de interés general”.
“Sustituir un hábitat destruido creándolo en otro lugar es extremadamente complicado, e implica un alto riesgo de pérdida neta de biodiversidad. Es precisamente por eso por lo que la directiva Hábitats limita el uso de las medidas compensatorias a casos muy excepcionales”, señaló Wouter Langhout, portavoz de BirdLife Europa, tras conocer el fallo
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El Tribunal de Luxemburgo, que responde a una petición de aclaración del Consejo de Estado holandés, remarca que la directiva Hábitats no permite compensar con posterioridad, como pretendía Holanda, los efectos negativos de una actuación en una zona Natura 2000. En estas áreas protegidas, los proyectos que afecten a un hábitat están prohibidos en todos los casos, con una única excepción: cuando existan “razones imperiosas de interés público” y no haya soluciones alternativas. Solo en ese caso, que no era el de la autopista A2, lo que debe hacer el Estado miembro es tomar medidas compensatorias por el daño que crea el proyecto en cuestión.
Los espacios protegidos en la Red Natura 2000 cubren grandes extensiones en toda Europa. En España, por ejemplo, suponen el 27% del territorio, sumando tanto los lugares de importancia comunitaria (LIC) como las zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Numerosos proyectos de carreteras, urbanizaciones o incluso aeropuertos han topado con estos espacios protegidos y, tal y como denuncian las organizaciones ecologistas, en muchos casos han conseguido declaraciones institucionales de “interés general” para así sortear la prohibición europea. Para evitar malas interpretaciones de la norma europea, ahora el fallo del Tribunal de la UE reitera que la excepción que contempla la directiva es eso, una excepción.
El Tribunal de Luxemburgo falló contra el desdoblamiento de la carretera madrileña M-501 en 2011, al considerar que había vulnerado la directiva Hábitats por afectar a tres espacios protegidos. La Comunidad de Madrid había declarado el proyecto “de interés general”.
“Sustituir un hábitat destruido creándolo en otro lugar es extremadamente complicado, e implica un alto riesgo de pérdida neta de biodiversidad. Es precisamente por eso por lo que la directiva Hábitats limita el uso de las medidas compensatorias a casos muy excepcionales”, señaló Wouter Langhout, portavoz de BirdLife Europa, tras conocer el fallo
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